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91 extrabajadores de la Contraloría tienen en aprietos al Departamento | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-08-11 05:00:00

91 extrabajadores de la Contraloría tienen en aprietos al Departamento

La idea de que el Departamento vuelva a estar en primera categoría podría estar en peligro, a menos que la Gobernación y la Contraloría saquen su ‘as bajo la manga’ y solucionen el grave aprieto en el que se encuentran.
91 extrabajadores de la Contraloría tienen en aprietos al Departamento

El Consejo de Estado ordenó reintegrar a 91 trabajadores despedidos en 1999 de la Contraloría departamental, a quienes además deberá pagarles sus correspondientes indemnizaciones que en total cuestan 15 mil millones de pesos.

El fallo tiene graves repercusiones para el Departamento por varias razones: No tiene tal cantidad de dinero para pagar; los cargos de los extrabajadores ya no existen; y además, tanto reintegrarlos como pagarles significa incrementar los gastos de funcionamiento, que es el indicador más importante que llevaría a Santander bien a estar en primera categoría, permanecer donde está o incluso, caer a la tercera por su alto costo.

La advertencia la lanzó ayer el contralor Departamental, Jaime López Reyes, quien afronta una encrucijada porque los demandantes interpusieron un incidente de desacato a dicha sentencia judicial, la cual debe ser resuelta esta semana.

De salir en su contra, tanto él como el gobernador de Santander, Horacio Serpa, podrían ser arrestados por no haber procedido al reintegro de los ex empleados.

No hay dinero

“Yo no descarto que tengan razón (los ex empleados demandantes), es más, reconozco sus derechos y soy respetuoso de ellos, tampoco desconozco que las sentencias obligan, pero nadie puede dar lo que no tiene”, aseguró a Vanguardia Liberal el gobernador Serpa.

“Este gobierno no tiene 20 mil o 30 mil millones de pesos para pagar, no hay presupuesto y menos ahora que estamos tratando de equilibrar las finanzas. Estamos afrontando el pago mensual de 5 mil 800 pensionados y en eso pagamos un alto porcentaje; eso sin tener en cuenta además que este año recibiremos menos regalías por la caída del precio del petróleo”, reiteró el Mandatario de los santandereanos.

El escollo es grande si se tiene en cuenta que el presupuesto que anualmente le transfiere el Departamento a la Contraloría es de $5 mil millones para su funcionamiento.

Para el Contralor Departamental, la solución es pagar la millonaria indemnización a los demandantes, a razón de $150 millones para cada uno y conciliar para que desistan del reintegro “por la imposibilidad jurídica, legal y administrativa ante la existencia de cargos”

Lo peor de todo es que este gran problema se reduce a una firma: la que no estampó el contralor Departamental en 1999, Gregorio Bautista Quijano, cuando presentó a la Asamblea el proyecto para reestructurar su oficina. Al no estampar su rúbrica en la iniciativa le generó un vicio de procedimiento a la ordenanza 050 con la que se autorizó la supresión de los cargos de quienes ahora demandaron y por eso al quedar sin piso jurídico, se ordena el reintegro.

Así las cosas, mientras los asesores jurídicos tanto de la Gobernación como de la Contraloría hallan una salida a esta crisis, seguirá en vilo el ascenso de Santander a la primera categoría e incluso tendría que ir pensando en someterse a un programa de saneamiento fiscal y además, se vería obligado a replantear sus inversiones sociales por los recursos que tendría qué invertir en la indemnización.

síntesis
las implicaciones para la contraloría

El contralor Departamental, Jaime López Reyes, explicó los alcances del fallo judicial.

1. Habría necesidad de desvincular a 95 de los funcionarios profesionales especializados que conforman la nómina actual, dentro de los que se encuentran 34 funcionarios de carrera administrativa quienes también tendrían que ser indemnizados.
2. Los reintegros, dice el Contralor, “desnaturalizarían la misión de la Contraloría por cuanto esos funcionarios no reúnen el perfil profesional exigido para el cumplimiento de sus funciones”.
3. Crear los  cargos incrementaría los gastos de funcionamiento y trasgrediría la Ley 617 que regula el presupuesto de las contralorías territoriales.

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