¬ďAqu√≠ no hay justicia administrativa¬Ē | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-09-05 05:00:00

¬ďAqu√≠ no hay justicia administrativa¬Ē

El abogado √Ālvaro S√°nchez Caro se posesion√≥ el pasado 1 de septiembre como nuevo Juez √önico Administrativo de San Gil.
¬ďAqu√≠ no hay justicia administrativa¬Ē

Egresado de la universidad Nacional de Colombia y especialista en derecho p√ļblico, administrativo p√ļblico y docencia universitaria, asegur√≥ que pondr√° sus treinta a√Īos de experiencia como abogado litigante y funcionario del Ministerio P√ļblico, al servicio de la comunidad.

No obstante, adem√°s de la buena voluntad, el nuevo Juez √önico Administrativo asegura que si bien cuenta con un excelente equipo de trabajo, la cantidad de procesos que cursan en esa dependencia es sin√≥nimo de que por lo menos en las Provincias de Guanent√°, Comunera y de V√©lez, ¬ďno existe la justicia administrativa¬Ē.

Es que por su oficina cursan procesos de cincuenta municipios, entre los cuales se haya unas 400 acciones de tutela.

¬ďAqu√≠ lo mandan a uno al matadero¬Ö es una verg√ľenza por ejemplo que un proceso que deba resolverse en seis meses termine fallado a los cuatro o cinco a√Īos¬Ē, dice S√°nchez Caro.

Por eso en su opini√≥n, decirle a la gente que sus acciones populares, tutelas o acciones de cumplimiento se van a tramitar cuanto antes, es ¬ďdecirle mentiras a las personas¬Ē.

¬ďAc√° en San Gil deber√≠an haber por lo menos 3 juzgados administrativos, dos en Socorro y dos en V√©lez¬Ö pero siempre se dice que no hay dinero, aunque si lo hay para la guerra y para la pol√≠tica y como la justicia no tiene votos, por eso estamos como estamos¬Ē.

En cuanto al exagerado n√ļmero de acciones populares que reposan en el Juzgado √önico Administrativo, S√°nchez Caro se√Īal√≥ que es un mecanismo del cual la gente ha abusado, al punto que se ha convertido en inocuo porque ¬ďde tanto usarlo, ya no se cumple¬Ē.

Por eso estaría de acuerdo en que el Congreso apruebe la Ley que promueve se elimine el incentivo económico que oscila entre 10 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para los accionantes.

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