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De quitar y poner | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-09-06 05:00:00

De quitar y poner

De quitar y poner

Ese fuero especial de los congresistas, que obliga a que sean investigados y juzgados por el más alto tribunal judicial del  país, se ha convertido en un procedimiento de quitar y poner, pues muchos de los acusados, temiendo seguramente las consecuencias penales, la mayor versación de los magistrados que los juzgan y la dificultad de hurtarle el cuerpo a las providencias, optan por renunciar a sus curules y considerando que no son ya congresistas, dejan de estar sometidos al fuero especial. Pasan entonces a ser investigados y juzgados por funcionarios de inferior jerarquía, donde muchos han logrado un tratamiento benévolo, por no hablar de una burla a la justicia.

Ahora estudia la Corte la posibilidad de seguir juzgando aun a los congresistas que renuncien a sus cargos. Es una determinación que la Corte Suprema estaba en mora de adoptar desde hace mucho tiempo. El fuero es un privilegio, pese a que no lo merezcan quienes con su conducta han desacreditado las instituciones legislativas, y siendo un privilegio de origen constitucional no puede ser entendido como un derecho renunciable.

Existe no solamente como garantía para el legislador, sino también como garantía para todos los asociados. Como cualquier delito cometido por los integrantes del poder legislativo o por los altos funcionarios del Estado, vulnera y ofende de manera extraordinaria el orden jurídico, el fuero especial está destinado a darle mayor visibilidad a la acusación, al juzgamiento y a la eventual condena.

Así como en el derecho penal existen circunstancias agravantes en la comisión de los delitos que generan la prórroga en el tiempo de las penas privativas de la libertad, en este campo del derecho penal de origen constitucional, el fuero que se encomienda a la Corte Suprema de Justicia para toda una categoría de ciudadanos identificados en la norma como “miembros del Congreso”, es un mecanismo previsto en la Constitución para garantizar que las conductas penales atribuídas a quienes en una democracia ostentan el título privilegiado de representantes de la voluntad popular, no puedan naufragar en el océano de la impunidad.

La Corte Suprema debe apuntalar el fuero, sin contemplaciones.

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