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Otra finca de Pablo Escobar a extinción de dominio | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-09-28 21:04:56

Otra finca de Pablo Escobar a extinción de dominio

El juzgado tercero penal del circuito especializado de Bogotá declaró extinción del derecho de dominio sobre la finca Nápoles Viejo, ubicada en el municipio de Puerto Triunfo (Marinilla-Antioquia), cuyo traspaso se hizo mediante bajo la figura de “dación en pago” a ex trabajadores del fallecido narcotraficante Pablo Escobar.
Otra finca de Pablo Escobar a extinción de dominio

De acuerdo con las versiones dadas por los ex trabajadores, esta finca les fue dada como parte de pago de su sueldo y sus prestaciones sociales, cuando trabajaron con el capo.

El juzgado señaló que esta finca hace parte del conjunto de predios que conformaban la Hacienda Nápoles, pero que no fue objeto de medida cautelar ni de determinación alguna, aún cuando sus actuales propietarios, Octavio Pineda Loaiza; Luciola Villalda Ocampo; José Ginet Cardona y Gustavo Narváez Betancourt, fueron trabajadores de Escobar.

Este proceso se abrió el 22 de marzo de 2006 contra el lavado de activos.

El 29 de septiembre del mismo año, con base en las pruebas recaudadas dispuso el embargo, secuestro y suspensión del poder de la finca “Nápoles Viejo”.

Unos días después, el 12 de octubre, se realizó el secuestro dejando el inmueble a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Concluida la fase procesal probatoria, el 22 de septiembre de 2008 se profirió la acción de extinción de dominio de la finca.

Los argumentos

De acuerdo con la Fiscalía, cada una de las personas que figuran como propietarios declararon que “el desarrollo delictivo de Pablo Escobar correspondió al ejercicio de la actividad del narcotráfico y que de allí derivó el gran poder económico y político que logró”.

Dentro del proceso, el ente acusador también dijo que las daciones de pago no fueron más que un mecanismo ideado para impedir que su dominio se extinguiera por hallarse en manos ajenas a las de Escobar.

La curadora Lucía Hurtado Peña señaló que para la extinción de dominio no es suficiente el argumento de que Pablo Escobar, que para la época en la que adquirieron la finca “Nápoles Viejo” se dedicaba al narcotráfico y que por tanto, esa propiedad fue adquirida con esos dineros.

Dijo que lo que debería tenerse en cuenta es que lo ex trabajadores de dicho inmueble rural y quienes recibieron el mismo mediante la figura de dación de pago, actuaron como terceros de buena fe.

“Debe tenerse en cuenta que las actas de conciliación realizadas entre los patronos y trabajadores de la Hacienda Nápoles hacen referencia a créditos laborales y fueron celebradas ante el misterio de Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de la Protección Social, y no han sido declarados nulas, por lo que gozan de presunción de legalidad”, precisó Hurtado Peña.

La decisión

Pese a estos argumentos, el juzgado consideró que el Estado no puede permitir la subsistencia de titularidades ilegítimas, la utilización de los bienes para actividades delictivas, su encubrimiento o consentir que formen parte de un patrimonio ilícito o legitimar su existencia si se desconoce su procedencia.

También indicó que el valor real de la finca es superior a lo que debería pagarle a sus trabajadores, de acuerdo con los documentos hallados como parte de las pruebas. Además, en el acta firmada entre las partes, el valor del predio fue de tan sólo 37'800.000 pesos cuando éstos están constituidos por extensas áreas que aumentan considerablemente su valor.

A Escobar le pertenecía el 50 por ciento de las hectáreas que integran la finca Hacienda Nápoles, como Nápoles Viejo con 250 hectáreas; La Paz o La Uberaba con 200; La Esperanza o Las Brisas con 200, y La Perla con 100 hectáreas.

Actualmente, quien era mayordomo de Escobar, Octavio Pineda, es dueño del 70 por ciento de Nápoles Viejo.

Frente a esto, consideró el Juzgado que “no existe un indicio que permita determinar dentro de la sana crítica que las conciliaciones laborales corresponden a unos hechos reales”.

Como consecuencia de la extinción de dominio, la finca entrará a hacer parte del patrimonio de la Nación, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado, administrado por la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE-.

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