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Contraloría ratificó 28 hallazgos en la alcaldía de Barichara | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-10-11 05:00:00

Contraloría ratificó 28 hallazgos en la alcaldía de Barichara

Cuatro hallazgos de tipo fiscal por $217 millones 811 mil 635, así como 8 administrativos, 4 fiscales, 4 penales, 11 disciplinarios y un control de advertencia, fueron convalidados por la Contraloría General de Santander, tras una auditoria efectuada a la administración municipal de Barichara, durante las vigencias 2006-2007.
Contraloría ratificó 28 hallazgos en la alcaldía de Barichara

Según el informe, del cual reposan copias en esta redacción, una vez comunicados los hallazgos administrativos, los mismos deberán hacer parte del plan de mejoramiento; en cuanto a los disciplinarios y penales se darán traslado a los entes competentes, mientras los fiscales serán enviados a la oficina de responsabilidad fiscal.

Si bien en cada uno de los hallazgos el ex alcalde Guillermo Bautista tuvo la oportunidad de rendir su versión de los hechos, la auditoria convalidó por ejemplo los hallazgos (penales, fiscal y disciplinario) en el caso de la firma de ocho órdenes de servicio con el señor Rafael Álvarez Páez, por un valor total de $10 millones 988 mil.

Lo anterior si se tiene en cuenta que Álvarez Páez, mediante versión rendida el 31 de agosto de 2008, manifestó que legalizó contratos para el suministro de algunos materiales y por concepto de mano de obra.

En dicha declaración, dijo que si bien firmaba los contratos, jamás los ejecutó. Reveló además que recibía comisiones de manos del alcalde por la firma de los contratos celebrados, pero jamás percibió la totalidad de los pagos.

La Contraloría también convalidó el hallazgo relacionado con la “multicontratación” para la contratación de la planta de beneficio animal de ese pueblo, por un monto total de $106 millones 823 mil 635.

Según el informe, el alcalde de la época pese a rendir su versión, evadió la obligación de contratar por una modalidad diferente a la directa y con ello se ocasionó un gran detrimento en el patrimonio público “al no construir una obra denominada planta de beneficio, sino una verdadera colcha de retazos de materiales superpuestos sin ninguna funcionalidad…”

Agrega el informe que “fue tan inservible la gestión realizada… que mediante resolución 419 de 26 de julio de 2007, la CAS requirió al municipio de Barichara para que adelantara las obras necesarias, a fin de corregir una relación de 10 falencias graves que hacían imposible el sacrificio de animales. Es por ello y porque a la fecha la planta, a pesar de los cuantiosos recursos invertidos, no se encuentra ni siquiera terminada”.

Sin pozos y sin agua

Otro de los hallazgos convalidados (penal, fiscal y disciplinario) por la Contraloría, fue el relacionado con el convenio firmado entre el municipio de Barichara y Fedemunicol, cuyo objeto era la “construcción y perforación de pozo profundo en el sitio calicanto vereda Lubigará”, por valor de $79 millones, 816 mil 275.

Dicho contrato se firmó tras obtenerse un empréstito de $80 millones para suplir las necesidades de escasez de agua que afronta ese municipio.

Según la Contraloría “dicho dinero fue invertido con total desaprensión por parte de la administración municipal, pues no existió planeación alguna que pidiera hacer viable la utilidad de los pozos, a tal punto que hoy ninguna de las dos perforaciones hechas presta utilidad a la comunidad”.

En efecto se constató, dice el informe, que no se planeó la conducción del agua hacia la planta de tratamiento, como tampoco el posible caudal y mucho menos la calidad de agua obtenida.

Sobre las facultades para contratar

La Contraloría convalidó los hallazgos (penal y disciplinario) relacionados con la celebración de contratos por parte del alcalde de la época, sin estar facultado por el Concejo municipal.

Si bien el alcalde había presentado objeciones al acuerdo 004 del 10 de febrero de 2006 mediante el cual dichas facultades le eran negadas y también remitió el mismo acuerdo para su revisión al Tribunal Administrativo, este ente le confirmó que debía realizar la contratación a nombre del municipio con previa autorización del Concejo.

No obstante el ex mandatario hizo caso omiso del fallo y desde agosto de 2006 siguió contratando sin facultades, incurriendo no sólo en “fraude a resolución judicial”, sino una falta “gravísima” a nivel disciplinario.

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