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Corte Penal Internacional entra en vigencia el próximo lunes en Colombia | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-10-30 22:27:23

Corte Penal Internacional entra en vigencia el próximo lunes en Colombia

Corte Penal Internacional entra en vigencia el próximo lunes en Colombia

Todo dependerá de la eficacia y la voluntad de la justicia nacional. ¿Puede la CPI asumir el estudio de delitos cometidos antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en Colombia, por haberse extendido en el tiempo? Ese es el debate que se abre paso ahora.

En principio la CPI tiene efectos hacia el futuro, no hacia el pasado. No obstante, para algunos analistas, más allá del momento en que se cometió el hecho, en caso de perpetuarse la conducta delictiva sí se daría dicha competencia.

Ese dilema cobija temas como el secuestro, el reclutamiento de menores de edad, las torturas, las desapariciones, la muerte de los indígenas AWA y hasta los falsos positivos, casos que se refieren a las guerrillas y que han comprometido a segmentos de la Fuerza Pública.

Colombia y Uganda

Kai Ambos, investigador y catedrático de la Georg-August-Universität-Göttingen de Alemania, quien visitó Colombia la semana pasada para hablar de este tema, es uno de los analistas que aunque guarda las proporciones, dice que el caso colombiano tiene semejanzas con lo que vivió Uganda. “Si yo amplío, si flexibilizo un poco mi concepto de capacidad (del Estado para afrontar el crimen), podría decir que hay incapacidad en el sistema por cuenta de las carencias, y éste se da porque no todos los criminales son perseguidos”, dijo, al explicar sus razones de porqué en Colombia habría alguna similitud con la nación africana. Sin embargo, advierte que este es un concepto ceñido a la definición que se dé al término “capacidad”.

Frente al debate relacionado con los crímenes cometidos antes de la entrada en vigencia de la CPI en Colombia, Ambos es claro al afirmar que la discusión está en torno a la permanencia del delito a lo largo del tiempo y de si los crímenes se encuentra dentro de la competencia de la CPI. “Si, por ejemplo, el reclutamiento de niños sigue más allá del primero de noviembre, existe competencia”, dijo Ambos.

Hoy, Colombia hace parte del listado de siete países que están bajo observación de la CPI (con Afganistán, Palestina, Georgia y Guinea, entre otros).

La visión del CPI

Por su parte, Monserrat Carboni, analista de la oficina del Fiscal de la CPI, consideró que sólo cuando se tienen indicios serios y razonables que apuntan a que hubo crímenes de lesa humanidad, de guerra o de genocidio, la CPI, previo estudio del caso, podría iniciar un estudio de admisibilidad de una demanda, ni siquiera el estudio formal.

Carboni explicó que el que se llama “análisis de complementariedad por parte de la Corte” busca analizar el compromiso del Estado para llevar a la justicia a los máximos responsables de los crímenes más graves. La presencia de la CPI en la Colombia, precisó la experta “en ningún caso pretende sustituir la jurisdicción penal doméstica, sino intervenir cuando ésta no tiene la capacidad o voluntad para investigar y castigar, de manera genuina, a los máximos responsables de las violaciones”.

Carboni también aclaró que el Estado tiene la posibilidad de definir desde cuándo entra a regir el Estatuto de Roma: “Cada Estado puede hacer una declaración para darle la competencia a la Corte, por ejemplo desde el primero de julio de 2002 (cuando lo firmó Colombia, pero con salvaguarda de siete años)”. Advirtió, sin embargo, que por ahora sólo se dará la aplicación hacia el futuro.

Contrario a lo dicho por el investigador alemán Ambos, para Carboni “la CPI en virtud de la declaración 124, no tendrá competencia sobre crímenes de guerra cometidos antes del primero de noviembre de 2009”. No obstante, aseguró que puede decir de manera preliminar que “es muy probable que comandantes (de grupos armados ilegales) que tengan en sus filas a menores de 15 años, puedan estar sujetos a la competencia de la Corte”.

¿Cuál es la línea que divide los delitos de lesa humanidad y los de guerra?, para Carboni es algo muy sencillo: los primeros se pueden dar en tiempos de paz, además de ser sistemáticos y generalizados. Los segundos, están conectados con un conflicto armado.

Ante esa explicación salta otra duda: ¿cómo operar en Colombia si el Gobierno no ha reconocido la existencia de un conflicto interno? Para el profesor Ambos, es claro que no son los estados, de cara a la CPI, los que deciden si hay o no conflicto armado: “No es un político o el Gobierno, sino el derecho y la definición legal de conflicto armado contenida en el protocolo adicional, los que definen qué o quién está en medio de un conflicto armado” y agrega que esto “está en manos de quien interpreta la jurisprudencia”.

Desde el lado colombiano

Una visión similar a la de Ambos es compartida por el fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, para quien es obvio que los delitos que se mantengan como tales una vez entre en vigencia la CPI, pueden ser de su competencia: “Cuando hablamos de delitos de conducta permanente, de ejecución permanente, eso se sigue actualizando día a día, y si los secuestros se mantienen después del primero de noviembre, la Corte tiene jurisdicción”.

En todo caso, Mendoza considera que es difícil que en Colombia se den sanciones, e incluso que se llegue a abrir casos a la CPI, porque para ello se necesita “que no hubiera investigación o que se investigara sin investigar, o que hubiera una verdadera pantomima procesal y nosotros no estamos actuando así”.

Un criterio parecido fue propuesto por el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Eduardo Pizarro, quien consideró que “el fiscal de la Corte Penal Internacional que está investigando el reclutamiento de niños en el Congo ha planteado que a partir de la vigencia de la CPI en Colombia, si las Farc o el ELN mantienen en sus filas niños de 15 años, podrán ser juzgados por esa Corte, si no los juzgan en Colombia”.

Este mismo escenario se presenta sobre el caso de los secuestrados, puntualizó Pizarro.

¿Cómo opera la CPI?

Según Monserrat Carboni, analista de la oficinal del Fiscal de la CPI, el estudio que adelanta la Corte de cara a los casos que asume se divide en cuatro partes, que forman el análisis preliminar:

1.- El fiscal analiza si la información que tiene acerca de un país es de competencia de la CPI, si es admisible en cuanto a complementariedad y gravedad, al igual que si dan las razones sustanciales para abrir una investigación. Este es el procedimiento sin importar quién remita una investigación (un Estado, el Consejo de Naciones Unidas, informaciones de terceros o sea una investigación de oficio)

2.- El fiscal de la CPI determinar si el crimen puesto a su conocimiento es o no, de competencia de la Corte.

3.- En caso de cumplirse con el paso anterior, se pasa al segundo estadio, en el cual se analiza si la causa es admisible. Eso se hace al compararla con las normas legales de cada país.

4.- La siguiente conclusión que debe adoptar el fiscal internacional está relacionada con la posibilidad de que la justicia interna de la nación respectiva no haya sido eficaz, lo que haría que efectivamente el caso pasara a la CPI.

Estas cuatro fases, puntualizó Monserrat Carboni, son complementarias y lo que buscan es determinar si hay mérito para abrir una investigación formal. Una vez el Fiscal decida abrirla, se deberá analizar la responsabilidad de los estados y por qué la justicia local no hizo las labores para investigar y juzgar a los responsables de los delitos.

Dicha incapacidad del Estado será medida por el Fiscal con raseros como la carencia de la administración de justicia, si no puede hacer comparecer al acusado, si no dispone de las pruebas o si no está en condiciones de llevar a cabo el juicio.

¿Quién puede proponer investigaciones ante la CPI?

Cualquier persona puede recurrir al fiscal para, mediante información (no entendida como denuncias), poner en conocimiento del Fiscal de la CPI un caso particular.

El 60 por ciento de las informaciones que han llegado a la CPI durante el 2009 han sido desechadas, por no estar dentro de la competencia temporal. Entre los casos que llegan a la CPI, explica Carboni, están especialmente crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y problemas de vecindad entre países. Pero las informaciones de terceros no son el único recurso con base en el cual el fiscal abre una investigación. Muchos de los casos que asume, están relacionados con informaciones periodísticas o decisiones propias.

El Fiscal de la CPI

El argentino Luis Moreno Ocampo asumió, en 2003, como el primer fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya sede se encuentra en La Haya, Holanda. En esa ciudad el representante diplomático colombiano es el embajador Francisco José Lloreda Mera.

El abogado Moreno fue elegido como fiscal de la CPI por unanimidad y en ese cargo permanecerá nueve años; en ningún caso podrá ser reelegido. Moreno es egresado (1978) de la Universidad de Buenos Aires. Entre 1984 y 1992 participó procesos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar.

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