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La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-11-07 05:00:00

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes

Las críticas han tenido como norte los intereses creados, la poca relevancia de quienes la conforman y las componendas que hay en la política al por menor que se practica en el Congreso. Sus integrantes no tienen ni han tenido el talante, la sabiduría, ni el valor civil para ser jueces naturales de los más altos dignatarios del Estado.

Desde cuando se adelantó la investigación contra Gustavo Rojas Pinilla por el uso abusivo del poder en que incurrió siendo Presidente de la República, a finales de los años 50 y a principios de los años 60 del siglo XX, la Comisión de Acusaciones mostró ser incapaz de cumplir con la función que la Constitución y las Leyes le señalan. De entonces a hoy, su trasegar muestra a plenitud que no es el mecanismo apto para investigar al Presidente de la República, a los magistrados de las Altas Cortes, al Fiscal General de la Nación o a los demás dignatarios aforados.

En lo que nadie ha detenido la mirada es en que ella padece, además, de otras enfermedades letales. El problema abarca asuntos tales como su estructura, su falta de independencia, el no contar con los elementos técnicos necesarios, el tener una armazón jurídica precaria e insuficiente.

El presente del país no exige que se remiende la Comisión de Acusaciones de la Cámara, sino que se cree un organismo que sea capaz de investigar las denuncias instauradas contra los altos dignatarios del Estado, que sea independiente de los vaivenes de la política, que esté dotado de estructura de fondo apta, que esté conformado por juristas y académicos ponderados. En fin, que efectivamente imparta  justicia.

La Corte Suprema ha demostrado que sí se puede investigar y juzgar a intocables y que esa actitud le sirve mucho a la salud del país.

La Comisión de Acusaciones, al igual que toda nuestra Justicia, sufre de una aguda crisis institucional. Desafortunadamente en el gobierno Uribe Vélez no hay la voluntad política de acometer tan necesaria reforma que pasa por volver a crear el ministerio de Justicia, acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, cambiar radicalmente el procedimiento de elección del Fiscal General de la Nación y modificar severamente gran parte del aparato judicial.

Y al no haber tal voluntad, todo el aparato de justicia seguirá funcionando mal, con un agravante: cada día será más aguda su crisis y el país no tiene la serenidad de juicio para darse cuenta de que lo que ocurren no son episodios aislados sino repetidos síntomas de una profunda crisis que exige cambios de fondo.

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