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CPI: la hora de la justicia | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-11-08 05:00:00

CPI: la hora de la justicia

CPI: la hora de la justicia

En la discusión política del momento se afirmaba que esta reserva tenía como fin facilitar los procesos de reinserción a la sociedad de los grupos armados ilegales. Así mismo, ese plazo serviría como un incentivo y un límite para que estas organizaciones y el mismo Estado alcanzaran acuerdos para el cese del conflicto interno.

El 1º de noviembre de 2009 es una fecha que debe llenarnos de preocupación.  La amenaza de la posible competencia de la Corte Penal Internacional no parece haber sido suficiente para lograr los objetivos planteados al momento de presentar la reserva. Este hecho será seguramente motivo de análisis y reflexión para los futuros historiadores, quienes deberán responder la difícil pregunta de si fue una buena o mala decisión de la sociedad colombiana haber solicitado la moratoria de 7 años.

El vencimiento de este plazo abre una nueva etapa en la internacionalización que ha tenido el conflicto colombiano en los últimos 20 años: la era de la Justicia. Con ello se introduce activamente un nuevo actor a la complejidad de la realidad colombiana.

Sin duda los grupos armados ilegales tienen un nuevo adversario representado en la Corte y en las implicaciones internacionales que trae el ser objeto de investigación por este alto tribunal. Al Estado por su parte, se le exige mayor compromiso con los derechos humanos al ejercer legítimamente la fuerza y mayor transparencia y eficacia en la administración de justicia. Paralelamente unos y otros han perdido espacio en el escenario de una salida negociada, pues la línea de lo admisible en un acuerdo de paz será la que establezca el derecho internacional y las sentencias de este tribunal.

No obstante lo anterior, la Corte enfrenta desde ya el reto de configurarse como un tribunal legítimo, para lo cual deberá evitar a toda costa ser utilizada por las partes involucradas en el conflicto. Los valores de la independencia y la imparcialidad son un imperativo para el correcto ejercicio de sus funciones en contextos difíciles.

Es claro que la competencia de la Corte es subsidiaria y solo procede cuando haya omisión o negligencia del Estado en el enjuiciamiento de las conductas previstas por el tratado. Si la Corte Penal Internacional encuentra motivos para procesar a colombianos por delitos cometidos en Colombia, será consecuencia de la omisión del Estado en el cumplimiento de sus deberes.

Sin duda el gran objetivo nacional debe ser mejorar la eficacia y la transparencia de la justicia. No necesitamos muchas condenas, no necesitamos falsos positivos judiciales, queremos solamente aquellas sentencias derivadas del debido proceso, del derecho de defensa, de una interpretación razonable del derecho.

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