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Amenaza de fraude electoral: entre la negligencia y el dolo | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-12-27 05:00:00

Amenaza de fraude electoral: entre la negligencia y el dolo

En medio de las festividades navideñas ha sido llamativo encontrar las declaraciones del Registrador Nacional del Estado Civil solicitando al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como si fuera al Niño Dios, el giro de 30.000 millones de pesos adicionales para mitigar el riesgo de fraude electoral.
Amenaza de fraude electoral: entre la negligencia y el dolo

Hasta el momento el Gobierno Nacional no se ha pronunciado de fondo frente al tema, como si la Registraduría fuera un niño que se ha portado mal durante el año, dejando la sensación de negligencia grave o descuido deliberado ante un tema tan delicado.

La Organización Electoral en un hecho sin precedentes analizó los casos puestos en conocimiento del Consejo de Estado sobre fraude electoral en las elecciones de 2002 y 2006. El análisis implicó el estudio de 53.280 cargos, sobre 21.167 mesas de votación de las elecciones de 2002 y 33.092 casos sobre 1.569 mesas de las elecciones de 2006. El resultado: un mapa de riesgo electoral que permite la toma de decisiones estratégicas para mitigar la amenaza del fraude.

El fraude, afirma el Registrador Nacional, “es una cadena que comienza con la inscripción de cédulas, sigue con el nombramiento o la suplantación de jurados y continúa hasta el día de las elecciones”.

Al respecto, creo que el fraude comienza mucho antes cuando algunos can-didatos, partidos o movimientos políticos, grupos de interés o grupos al margen de la ley comienzan a planear cómo aprovecharse de las debilidades del sistema electoral para afectar los resultados. Y el fraude sigue después del día de las elecciones: al día siguiente de las elecciones parlamentarias comienza el escrutinio de los votos, actividad que puede durar varios días y en la que aparecen y desaparecen votos a lo largo y ancho del país; la lentitud de la justicia en fallar los casos electorales mantiene el fraude por varios años hasta que se ordena la recomposición de curules etc.

El país enfrentándose a los intereses mezquinos de algunos candidatos, partidos, grupos de interés o al margen de la ley, invirtió grandes recursos en cambiar las cédulas de los colombianos para permitir el reconocimiento biométrico y evitar la mayor causa de fraude: la suplantación de votantes. Hoy se requiere una inversión de al menos 30.000 millones de pesos para que sea operativa en los lugares de mayor riesgo.

Sin embargo, con estos recursos sólo se está administrando en parte el riesgo inherente a las actividades de competencia de la Registraduría. Nos hace falta conocer el mapa de riesgos de delitos contra el sufragio y los resultados de la justicia penal en la materia. No se puede seguir tolerando fenómenos como el constreñimiento al elector, la corrupción del elector o la alteración de resultados electorales.

De igual forma es indispensable pensar en soluciones de largo plazo que minimicen el fraude y que le den a la Organización Electoral la independencia suficiente frente al Gobierno Nacional para evitar que use el presupuesto como herramienta para afectar el desarrollo de las elecciones.

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