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Lo que duele reclamar por un aborto legal | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-01-10 05:00:00

Lo que duele reclamar por un aborto legal

Luego de una lucha jurídica que se inició en noviembre de 2009 y aún no termina, Juliana Argüello pensó que podía hacer valer el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo por el riesgo que representa para su salud. Pero la situación se convirtió en su peor pesadilla. Crónica de una larga espera que revela que médicos y prestadores tienden a decidir, a pesar de la norma, qué tanto riesgo está obligada a soportar una mujer embarazada.
Lo que duele reclamar por un aborto legal

Cuando a Juliana Argüello le realizaron la segunda ecografía para monitorear su embarazo poco antes de cumplir los seis meses, confirmó con dolor que sus sospechas se estaban volviendo realidad.

El feto presentaba tres malformaciones; una de ellas era la misma con la que nació su hermana, y las otras dos eran hidrocefalia (acumulación excesiva de líquido en el cerebro) y un defecto en el pie izquierdo que llaman pie equino.

En realidad, la noticia de las tres malformaciones sólo fue el inicio de un largo vía crucis, porque una semana más tarde, a las 24 semanas, le realizaron una ecografía especializada donde se encontró que el feto presentaba cinco problemas más que involucraban el cráneo, el cerebelo, la médula espinal y el riñón izquierdo. También se identificó un retardo en el crecimiento.

Juliana tiene 19 años y su novio también. Ambos se graduaron a finales de 2007 y a mediados de 2009 ella recibió la noticia de que estaba embarazada.

Juliana sólo tenía dos semanas cuando se enteró de su estado y apenas se realizó la primera ecografía, a las nueve semanas, le dijo a su médico que le preocupaba un antecedente familiar. Esta joven bumanguesa tiene una hermana de 14 años que nació con una malformación llamada mielomeningocele, en la que la columna vertebral y el conducto raquídeo no se cierran antes del nacimiento. Por eso, su hermana tiene que usar una sonda para orinar de por vida, que tiene que cambiar cada tres horas.

Sin embargo, su médico no le dio importancia. Ella dice que incluso no lo anotó en su historia clínica (lo hizo después), así que el tiempo siguió corriendo y fue sólo a punto de cumplir los seis meses de embarazo cuando se enteró del complicado diagnóstico.

Desde ese momento, Juliana expresó su intención de no querer dar a luz a un feto en esas condiciones y quiso hacer efectivo su derecho legal a interrumpir el embarazo, ya que uno de los tres casos de aborto que están permitidos en Colombia desde 2006, es precisamente que el feto presente malformaciones.

Pero su intención tuvo todo tipo de trabas médicas y jurídicas que la obligaron a abandonar su trabajo, a conseguir asesoría legal y hasta a entablar una tutela ante su Entidad Prestadora de Salud, Cafesalud EPS’S, y el Hospital Universitario de Santander, por haberse negado a autorizar y realizar el procedimiento.

Pero eso no es todo. En los ires y venires entre médicos, residentes, enfermeras, abogados, trabajadoras sociales y psicólogos, que incluso la juzgaron y agobiaron con todo tipo de apreciaciones, Juliana cayó en un estado de depresión que nadie tuvo en cuenta. Y por supuesto, el embarazo siguió avanzando.

Su historia revela que a pesar de que Colombia ya dio un paso en la despenalización parcial del aborto, la norma no ha sido lo suficientemente difundida para que los prestadores puedan entender que hay una diferencia entre peligro para la vida y peligro para la salud. Porque como se verá, en este caso las malformaciones no fueron tenidas en cuenta, a lo que se suma el diagnóstico tardío y la demora en una respuesta positiva que puso a Juliana a esperar innecesariamente.

Un vía crucis

A comienzos de esta semana, los rostros de estos dos jóvenes reflejaban cansancio, angustia y una obligada resignación.

Juliana siempre ha sido muy delgada y tal vez por eso su barriga era tan notoria. Estaba a punto de comenzar el octavo mes de embarazo.

Pero hace dos meses que su estado dejó de ser un motivo de alegría y por eso se refugió en la casa de su mamá, donde poco a poco perdió el apetito, el sueño y hasta las ganas de hablar.
Cuando se enteró del largo listado de malformaciones del feto, Juliana acudió a su médico, quien sólo le dijo que no se esperaba que las cosas salieran así. “Reconoció que había sido su error no tener en cuenta lo de mi hermana, pero que no podía hacer nada”, dice Juliana.

Entonces fue remitida a un especialista en embarazos de alto riesgo y en el desarrollo del feto, pero cuando Juliana pidió la cita le dijeron que podría demorarse cerca de un mes y por eso acudió a un perinatólogo particular.

A este especialista, ella también le manifestó su intención de interrumpir voluntariamente el embarazo, pero éste afirmó que no podía tomar una decisión al respecto y que se debía realizar una junta médica para que diera su concepto sobre el caso.

Juliana esperó dos semanas más. Ella ignoraba que está prohibida la realización de juntas médicas según la jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-388/09), para la práctica del aborto inducido.

El especialista analizó el caso en compañía de algunos estudiantes y Juliana afirma que el trato que recibió no fue el más adecuado. “Me enviaba del consultorio al hospital tratando de sacar análisis. Decía que era un caso que no se presentaba todos los días y en sus aparatos buscaba una imagen específica, a la que se refirió como una ‘imagen hermosa’ de mielomeningocele”, relata la joven.

Durante estos análisis se descubrió, además, que el feto no movía los pies.

El 2 de diciembre, ansiosa, Juliana recibió el resultado de la junta médica que se realizó en el Hospital Universitario de Santander y con sorpresa descubrió que no se tuvo en cuenta su intención de interrumpir el embarazo.

En el acta que entregó la Unidad de Medicina Materno Fetal y Neonatal del HUS, se recomendó programar una cesárea para la semana 37 de gestación, ecografías especializadas, diversas pruebas y una valoración por psiquiatría.

“Como descartaron la opción de interrumpir el embarazo, pasé por escrito la solicitud al Hospital y también a mi EPS”, dice.

Juliana ignoraba cómo debía hacer valer el derecho a abortar legalmente y a través de Internet contactó al Centro de Derechos Humanos y Litigio Internacional, Cedhul, que con el apoyo de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y de la Fundación Mujer y Futuro, la han acompañado y asesorado desde entonces.

Pero lo que los médicos y la misma EPS no tuvieron en cuenta, es que la demora en la respuesta de las dos entidades terminó por deteriorar aún más su salud mental.

“En Cafesalud le decían que tenían que esperar la respuesta del Hospital y en el Hospital dilataban la respuesta diciendo que no se podía, que era complicado, hacían reuniones y más reuniones hasta que negaron el procedimiento”, explica Viviana Bohorquez, abogada de Cedhul.

Durante la espera, Juliana recibió comentarios que juzgaban su comportamiento por considerarlo en contra de la moral, aunque algunos médicos coincidían en que las probabilidades de vida del feto eran muy pocas.

“Uno de los médicos nos dijo que entendía que no era necesario que el feto siguiera creciendo si muy seguramente no iba a aguantar las operaciones que tenían que hacerle apenas naciera por las malformaciones”, cuenta el novio de Juliana.

Sin embargo, en su respuesta, el Hospital afirmó que las malformaciones del feto no hacían inviable su vida, ya que una vez naciera podía recibir tratamiento y que estas no “interfieren con las actividades cotidianas de la persona”. Por ejemplo, la hidrocefalia es considerada compatible con la vida, aunque la presión que produce, en algunos casos, puede perjudicar los tejidos del cerebro.

Para el Hospital, el caso de Juliana no se ajusta a ninguno de los tres que despenalizó la Corte Constitucional en 2006.
Por su parte, la EPS aludió que el médico tratante (el perinatólogo) no había solicitado la interrupción y no podía autorizarla, un argumento que también iría en contra de lo establecido por la ley.

Todo ocurrió un día antes de Navidad.

La última pelea

Hace cinco días Juliana estaba sentada en la sala de su casa en el sur de Bucaramanga y unos goterones de lágrimas resbalan por sus mejillas. Su novio y su mamá guardaban silencio.

La abogada de Cedhul que asesora el caso, cuenta que incluso pensaron en hacer los trámites en otra clínica, donde también le negaron el procedimiento. “Cometieron una gran arbitrariedad porque no la examinaron ni le hicieron una ecografía, ni un análisis psicológico. Se guiaron por el resultado de la Junta en el HUS y luego de dos horas de preguntas, lo negaron”, dice.

Así que Juliana acudió a Profamilia, donde nuevamente le hicieron una ecografía y un gineco-obstetra le explicó que el feto ya presentaba hidrocefalia severa.

En una carpeta plástica, Juliana guarda una carta donde el especialista de Profamilia recomienda la interrupción del embarazo por dos causas: “riesgo para la salud de la mujer y malformaciones fetales múltiples”.

También tiene en su poder una certificación de la Fundación Mujer y Futuro, donde una psicóloga respalda la interrupción por sus diversas manifestaciones de ansiedad y tensión, “como alteraciones en el ritmo de sueño  y los hábitos alimenticios, pesadillas, pensamientos recurrentes de muerte, afectación en los comportamientos sociales, conductas de dependencia y llanto frecuente”.

Y sabiendo que por el avanzado estado de su embarazo sólo podría interrumpirse vía cesárea, esta joven decidió interponer una acción de tutela contra Cafesalud EPS’S y el HUS, argumentando que le estaban violando el derecho a la salud, a la integridad personal y a la dignidad humana.

Ella adujo que sus condiciones mentales son inestables y que cuenta con los requisitos legales para que autoricen adelantar la cesárea programada inicialmente para dentro de seis semanas.

“Nunca quisieron ver que se estaba argumentando riesgo para la vida y la salud de la mujer y eso se manifiesta en la depresión que tiene Juliana”, explica la abogada de Cedhul.

Para Paola Salgado, abogada de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo de instituciones y personas que trabaja, en especial, por la práctica del aborto seguro y de calidad en Colombia, una de las barreras en el tema de salud con relación al aborto, tiene que ver con la interpretación restrictiva de la salud.

“Hasta hace muy poco en Colombia se viene trabajando en la salud integral. Y en estos casos como el de Juliana, se restringe a entender la salud como la parte física. Y esa parte física además se restringe mucho más, cuando se entiende como el riesgo de muerte”, dice.

El jueves pasado, luego de una reunión de auditores médicos en su EPS, y antes de conocerse el fallo de la tutela, le informaron que finalmente habían autorizado la interrupción de su embarazo, pero hasta el pasado viernes en la noche no se había realizado el procedimiento.

Ese día no fue fácil. Lejos de que le hicieran el procedimiento a las 9:00 de la mañana como estaba previsto en la Clínica Cañaveral, según se lo indicó la propia EPS, ésta se negó a hacer la cesárea y de ahí fue trasladada a la clínica de Saludcoop, donde un anestesiólogo adujo objeción de conciencia.

“Le decían que se iba a morir, que el procedimiento era muy peligroso y que iban a entregar en adopción el niño al Icbf, porque ella no lo quería. No han dejado de maltratarla”, dice su abogada.

Ahora Juliana sólo espera el fallo de la tutela. El costo para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo ha sido demasiado alto.

Suma de arbitrariedades

Para la abogada Viviana Bohórquez de Cedhul, en el caso de Juliana se han cometido numerosas arbitrariedades como la dilatación injustificada en la prestación del servicio (interrupción del embarazo), así como la realización de juntas médicas, de abogados, de psicólogos y de personas que no tienen los conocimientos técnicos para autorizar o no el procedimiento.

Además, “si un hospital niega el procedimiento, debe mandarla a otro hospital y a otro, porque ella tiene los requisitos legales para la interrupción”, dice. A esto se une el sufrimiento permanente al que ha sido sometida por parte del personal de salud y los abogados, debido a conceptos morales. “Le manifiestan que va a tener un hijo en difíciles condiciones con vocabulario como “va ser una maleta”, o “no va poder hacer nada pero por lo menos se va a reír”.

Juliana siempre ha manifestado que no le explicaron a profundidad las consecuencias reales de todas las malformaciones que presenta el feto y que además no han evaluado su condición mental, pasado por encima del concepto integral de salud de la mujer.

Otro caso

En Bucaramanga, en junio de 2008, una mujer de 38 años, casada, sin hijos, solicitó la autorización para la interrupción voluntaria de su embarazo, cuando se enteró que el feto presentaba múltiples malformaciones en el último mes de embarazo.

La entidad prestadora de salud negó el servicio y le exigió autorizaciones que no están contempladas dentro de la ley, como el consentimiento del esposo. “Hicieron una junta médica cuyos resultados le entregarían en dos semanas y en ese tiempo ella tuvo su parto”, afirma Paola Salgado, abogada de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. El niño sobrevivió. Tenía tres malformaciones pero ninguna constituía impedimento para la vida. Luego del nacimiento, la mujer no quiso quejarse ante los organismos de control.

Barreras en el tema de salud de la mujer

Para La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres estas son las principales barreras que encuentran las mujeres para que se les realice la interrupción del embarazo por considerarlo un riesgo para su salud:

* La interpretación restrictiva de la salud. Hasta hace muy poco en Colombia se viene trabajando el concepto de salud integral. En muchos casos se restringe a entender la salud como la parte física, y esa parte física además se restringe mucho más cuando se entiende como el riesgo de muerte.

* Los médicos y los prestadores en general tienden a decidir por las mujeres sobre qué tanto riesgo están obligadas a soportar. A pesar de que la sentencia no dice el grado del riesgo (grave, menos grave), se plantea que si el riesgo no es suficientemente grave, entonces las mujeres estarían obligadas a soportar ese riesgo.

* A los médicos les gustaría tener un listado de enfermedades. Les quedaría más fácil ajustar los casos a una lista de enfermedades, que interpretar la situación completa de una mujer. El tema de la salud integral hay también que verlo en contexto.

* La norma no ha sido lo suficientemente difundida para que los prestadores puedan entender que hay una diferencia entre peligro para la vida y peligro para la salud.

* Diagnósticos muy tardíos. Cuando se dan, los embarazos ya están muy avanzados.

* El certificado de riesgo lo puede dar cualquier médico, pero están exigiendo que lo de el médico tratante o el médico de la clínica donde se está solicitando la interrupción o el de la EPS, especialista o junta de médicos. La sentencia deja abierta la posibilidad. Otro problema es que están exigiendo un formato, algo arbitrario. También se dejan de lado las historias clínicas y se exigen documentos adicionales, valoraciones y juntas médicas.

EN SANTANDER

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha realizado en Bucaramanga dos talleres sobre el acceso al aborto legal y seguro. Él último se llevó a cabo el pasado 14 de diciembre de 2009 y las principales barreras que se encontraron fueron:

* Falta de información y difusión de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos.

* Interpretación parcial, poco profunda y errada de la sentencia, lo que genera barreras para que las mujeres puedan acceder a los servicios.

* Desconocimiento por parte de las mujeres sobre la posibilidad que tienen de acceder a una interrupción legal del embarazo en tres casos.

* La habilitación de los servicios, ya que las EPS están en la obligación de habilitar los servicios de interrupción del embarazo.

* Mala aplicación de la objeción de conciencia. En muchos casos se está haciendo de manera colectiva cuando está prohibida o no se sustenta. Incluso algunos médicos afirman que interrumpirían el embarazo en caso de malformaciones pero no por violencia sexual.

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