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“Una monstruosidad” | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-02-02 05:00:00

“Una monstruosidad”

La ley 100 de 1993, con la ponencia del senador Álvaro Uribe, nació con un defecto congénito que le impide ser sostenible: el falso supuesto de que el 70% sería del régimen contributivo y el 30% del subsidiado; consecuencia de los ríos de miel y pleno empleo formal que traerían las reformas neoliberales.
“Una monstruosidad”

No obstante que los aportes del sistema contributivo se han triplicado y que no se ha cumplido el mandato legal de cobertura universal e igualdad en la prestación de servicios (POS único) para el año 2000, las alarmas de colapso financiero del sistema se prendieron desde hace muchos años, sin que el gobierno ni el Congreso propusieran reformas por la vía democrática.

El sistema cuenta con aproximadamente $22 billones (millones de millones) para atender 44 millones de colombianos, ($ 500 mil / año/ colombiano). Los recursos se distribuyen en costos, gastos, corrupción, ganancias y en el congelamiento de recursos. De los dineros del FOSYGA hay $ 6.5 billones en TES que financian el gasto público del gobierno en otros sectores.

Además de la inviabilidad financiera, el sistema tiene inequidad, baja calidad, inoportunidad, burocracia y poca trasparencia, que ameritan adelantar una reforma estructural por la vía constitucional y democrática.

Pero Uribe escogió el atajo y declaró la Emergencia Social, y para salvar los intereses de las EPSs, aumentó los impuestos a la cerveza, cigarrillos y juegos de azar, lo cual aumenta recursos (aunque insuficientes) pero a cargo del grupo poblacional más pobre.

Además, en forma abusiva y violando algunos principios de la Constitución, según Eduardo Cifuentes, decretó unas normas que reforman sustancialmente el Sistema de Salud. Los decretos cuentan con algunos aciertos, pero en conjunto, constriñen el acto médico, amenazan los patrimonios de los enfermos, llenan de incertidumbre al POS, afectan a los más enfermos, agreden la profesión médica y no dan solución a las fallas estructurales del Sistema.

Roberto Esguerra calificó los decretos de ‘monstruosidad’: “El Gobierno tiene que hacer algo para derogar esas normas, porque son perjudiciales para la sociedad, especialmente para las personas más enfermas y las más pobres, y significan, además, una agresión sin precedentes a una profesión como la médica”.

Las Sociedades Científicas, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación de Clínicas y Hospitales, universitarios, columnistas, usuarios, hacen parte de un consenso creciente que no cree en la explicaciones ministeriales. Hasta el Decano de Economía de Uniandes escribió: “Esta reforma improvisada, en tres semanas de frenesí legislativo, podría terminar, casi sobra decirlo, siendo peor que la enfermedad”.

Palacio, ante los medios, contradice lo escrito en los decretos y habla de intereses económicos entre los críticos, pero calla acerca de los intereses billonarios entre los inspiradores de la reforma.

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