‘La compra de votos se activó pero no hay denuncias por delitos electorales’ | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-02-13 05:00:00

‘La compra de votos se activó pero no hay denuncias por delitos electorales’

En un círculo vicioso se ha convertido el tema de las quejas por las presiones de los políticos sobre los ciudadanos. La gente en su mayoría sabe quién, cómo y dónde están presionando, pero tiene miedo a denunciar y por lo tanto, como los órganos encargados de vigilar no tienen denuncias formales, no investigan.
‘La compra de votos se activó pero no hay denuncias por delitos electorales’

Ese fue el panorama preliminar que encontraron los observadores internacionales que cuentan con el apoyo de la Misión de Observación Electoral-MOE y que ayer revelaron:

“Mientras varias personas del común y todos los partidos políticos con los que tuvimos contacto manifiestan que se han activado estrategias para la compra de votos en efectivo o mediante prebendas de diferente índole, las autoridades manifiestan que no han recibido denuncias por delitos electorales”, afirmó la comisión integrada por Thed Lewis y Laura Carlsen, del Observatorio para la Democracia de las Américas, entre otros. Para los expertos, “resulta preocupante que muchas personas coincidan en afirmar que la principal causa para no denunciar sea el miedo y la impunidad”.

En efecto, uno de los coordinadores de la MOE regional Santander, Mario Flórez, ratificó que ni en la Procuraduría o la Contraloría o los demás órganos de control de la región “hay una sola denuncia electoral”.

De hecho, las denuncias no formales abundaron en la rueda de prensa en la que ayer se entregó este informe preliminar, y en ese mismo espacio la presidenta de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos, Marta Cecilia Díaz, denunció que en la Alcaldía de Bucaramanga contrataron 1.800 órdenes de prestación de servicio un par de días antes de que comenzara a regir la ley de garantías. (Ver recuadro con la denuncia).

Presiones armadas

Los observadores internacionales quedaron bastante preocupados también porque consideran que la situación de la región es compleja, ya que quienes presionan no sólo son los políticos sino los grupos armados al margen de la ley.

Lo más grave, según ellos, es que “mientras las autoridades consideran que los grupos armados que se nutren del narcotráfico están desarticulados y representan expresiones aisladas de violencia, los sectores populares de la ciudadanía están inquietos por su control territorial”.

La misión que vigila el proceso electoral del próximo 14 de marzo, día en que se elegirán congresistas, realizó labores de campo durante varios días en Bucaramanga y Barrancabermeja, donde se reunieron con organizaciones sociales y gente del común. Si bien destacaron algunos “avances normativos que permitirán el mejoramiento de los procesos electorales”, advirtieron que existe “una profunda distancia entre las apreciaciones de una parte de la población y las autoridades locales”.


preguntas y respuestas

responde el secretario administrativo

Vanguardia Liberal le trasladó las inquietudes al secretario Administrativo de la Alcaldía de Bucaramanga, Néstor Castro, quien como alcalde encargado firmó algunas órdenes y a quien la Presidenta de la Asociación asegura haber denunciado lo anterior.

¿Se contrataron 1.850 órdenes de prestación de servicio en los últimos cuatro días previos a la entrada de vigencia de la ley de garantías?

“El dato es cierto pero si se mira el antecedente de años anteriores, el rango de contratos está en ese número”.

¿Era necesaria tanta contratación?

“La nómina del Municipio, entre funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento no llega a 300 personas y en el trabajo de la Alcaldía hay secretarías como Desarrollo Social, que en planta difícilmente tiene cinco personas, entonces fácilmente tiene unos 400 contratistas; la Secretaría de Salud tiene unos 250 contratistas”.

¿Es normal, según usted, que se contraten tantas OPS?

“Normalmente se hacen dos contrataciones en el año de cinco meses cada una… y lo que se hizo es lo mismo que se hace todos los años, lo único es que este año por ley de garantías se hizo en el plazo establecido, es decir, hasta el 29 de enero, pero los valores están ajustados a los que el presupuesto establece…Es más, en el gobierno de Fernando Vargas ni siquiera se ha llegado al tope límite que es del 50% de los recursos propios. Hemos estado entre el 43 y el 47%”.

Con respecto a la denuncia concreta que hace la Vocera de los Funcionarios Públicos, que se refiere a una OPS por $30 millones firmada para Ignacio Vega para asesorar a la Secretaría de Gobierno y cuyo contratista trabajaría para una campaña al Congreso, ¿esta OPS está firmada y en ejecución?

“Claro que sí…se contrataron servicios profesionales y (él) no tiene las inhabilidades e incompatibilidades de servidor público porque es un contratista y estos no están obligados a cumplir horario de trabajo sino el objeto y las obligaciones…en ese caso él sí puede tener unas simpatías políticas pero lo que no puede hacer es poner al servicio de esa causa los bienes del Municipio y ejercer alguna presión o constreñimiento desde su cargo”.

¿Estos 1.850 contratos pasarían la prueba ante la Procuraduría y la Contraloría?

“Sí, toda la contratación está a disposición de la ciudadanía, la veeduría y los órganos de control y con todo el derecho legal la Procuraduría y la Contraloría pueden hacer las revisiones porque los contratos se hicieron con los procedimientos de ley, en las fechas debidas y con los soportes”.

lista

Los contratos de la alcaldía

La presidenta de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos, Carmen Cecilia Díaz, hizo cuatro denuncias puntuales:

1. “El presupuesto del Municipio y el Departamento se está manejando como una feria de contratos para poder cumplirles a los político de turno”.

2. “Se hace un número grande de contratos como son 1.850 …son contratos que se hicieron faltando cuatro días para que entrara en vigencia la ley de contratación”

3. “Hay que denunciar la manera inhumana y el trato que se les dio a estas órdenes de prestación de servicios, porque inicialmente eran unas colas impresionantes para poderles firmar el contrato, les botaban las hojas de vida, luego las mandaron al sótano donde hubo personas que se desmayaron pasando el día completo esperando que les dieran la firma...”

4. “Tenemos la denuncia específica de Ignacio Arturo Vega que trabaja para una campaña política y si está en la campaña no debería estar contratado por la Alcaldía, pero él está bajo una orden de prestación de servicios, le pagan $30 millones por seis meses. El objeto de contrato es asesorar al Secretario de Gobierno en la parte legal”.

 

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