Ley de insolvencia para las personas naturales | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-02-25 05:00:00

Ley de insolvencia para las personas naturales

Recuerdo a mi padre cuando en vida me dec√≠a: Lo m√°s importante es la palabra y que para cumplir con ella, se deb√≠a uno medir a lo que se compromet√≠a. Despu√©s, entre a la Facultad de Derecho y mis maestros me ense√Īaron que lo m√°s importante era el contrato y que si no estaba escrito no pod√≠a despu√©s alegarse. Hoy me encuentro ante la Ley 1380 de 2.010, que nace a la vida jur√≠dica para crear un procedimiento legal para que las personas naturales no comerciantes se insolventen.
Ley de insolvencia para las personas naturales

Esta normatividad que naci√≥ a la vida jur√≠dica el 25 de enero de 2.010, tiene por objeto permitirle al deudor, persona natural no comerciante, acogerse a un procedimiento legal que mediante un tr√°mite de conciliaci√≥n en derecho realice un acuerdo con sus acreedores y cumplir as√≠ con sus obligaciones pecuniarias pendientes sin importar su naturaleza, salvo las originadas en obligaciones alimentarias, ni los procesos ejecutivos correspondientes a las mismas. De la misma manera, los procesos correspondientes a servicios p√ļblicos, de restituci√≥n de inmueble arrendado, como los de pago de expensas comunes en la copropiedad quedar√°n suspendidos y su incumplimiento puede llevar a la nulidad del proceso ante el juez competente.

Estas acciones podrán realizarse cuando las deudas superen el 50% de su patrimonio y que sean más de dos las obligaciones incumplidas, llegándose a establecer una responsabilidad penal en caso de falsedad documental o ideológica dentro del proceso.

Esta invención legislativa ha sido creada exclusivamente para favorecer a personas naturales, perjudica directamente a aquellas que con su trabajo y su proyección ordenada han desarrollado su actividad comercial para no quitarle un peso a nadie. Afecta al sector inmobiliario y de propiedad horizontal, porque suspende los procesos que por dichas obligaciones se causen, teniendo que seguir prestando los servicios contratados. También a los acreedores microempresarios que tendrán que esperar su pago para poder recuperar la base económica de su trabajo.

Aunque falta su reglamentación, quedamos a la espera de que esta iniciativa jurídica no maltrate los intereses económicos de los menos favorecidos.

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