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CIDH condena asesinato periodista colombiano y le preocupa clima de impunidad | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-03-22 23:13:58

CIDH condena asesinato periodista colombiano y le preocupa clima de impunidad

CIDH condena asesinato periodista colombiano y le preocupa clima de impunidad

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, reconoció en un comunicado que las autoridades colombianas repudiaron el asesinado de Castilla.

Sin embargo, expresó su "profunda preocupación" por la situación de desprotección en la que se encontraba el periodista, pese a haber solicitado la actuación del Programa de Protección a Periodistas del Estado colombiano.

En este sentido, exhortó al Gobierno colombiano "a avanzar en la lucha contra la situación de impunidad que aún rodea estos crímenes" y le recordó su obligación de esclarecer los hechos y capturar, juzgar y sancionar "adecuadamente" a los responsables.

Para ello, "debe apoyar la labor de jueces y fiscales, e impulsar mecanismos efectivos y reforzados de prevención y protección de la libertad de pensamiento y de expresión", indicó en un comunicado.

La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió asimismo que se adopten todas las medidas judiciales y administrativas necesarias para proteger a los periodistas amenazados y "defender la libertad de pensamiento y de expresión en Colombia".

Castilla Ospino, periodista de la revista El Pulso del Tiempo y la emisora La Voz de Montería, de 50 años, fue asesinado a tiros en su casa el viernes 19 de marzo en la ciudad de Montería en el departamento de Córdoba.

Según la información recibida por la CIDH, Castilla Ospino había investigado la acción de los paramilitares y la corrupción política en ese departamento.

La CIDH indica que el Estado había autorizado protección para Castilla Ospino, que el periodista pidió que fuera suspendida en febrero de 2009, aunque "ante el aumento del riesgo" volvió a pedir protección en noviembre de ese mismo año.

Castilla Ospino había sido testigo judicial en procesos sobre la conexión de políticos de Córdoba con jefes paramilitares por sus investigaciones periodísticas.

La comisión señaló que su asesinato se produce en el contexto de importantes investigaciones de la Corte Suprema de Justicia por la infiltración del narcotráfico y el paramilitarismo en la política nacional.

Además, la Fiscalía General también investiga el espionaje, hostigamiento y amenazas realizadas por presuntos miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal) contra periodistas, defensores de derechos humanos y jueces que han investigado y denunciado hechos similares.

"El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión", indicó la CIDH.

"Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada", agregó en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos (unos 26.300 dólares) por información que permita capturar a los responsables del asesinato del comunicador.

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