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Piden a CIDH que ayude a romper pacto silencio sobre caso Palacio de Justicia | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-03-22 23:19:05

Piden a CIDH que ayude a romper pacto silencio sobre caso Palacio de Justicia

Piden a CIDH que ayude a romper pacto silencio sobre caso Palacio de Justicia

En una audiencia del 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los peticionarios alegaron que existen pruebas suficientes para que el organismo declare la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos humanos en la operación del Ejército y de la Policía para recuperar el control del Palacio de Justicia.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), consideran que el Estado es responsable por la desaparición de 12 personas, la tortura de otras tres y la desaparición y ejecución extrajudicial de un magistrado de la Corte Suprema.

El 6 de noviembre de 1985, el Movimiento guerrillero 19 de Abril (M-19) efectuó una toma violenta del Palacio de Justicia de Bogotá.

Las fuerzas públicas respondieron con un operativo en la que se usó la fuerza de manera "excesiva y desproporcionada" para retomar la sede judicial y que duró más de 24 horas y durante el cual murieron unas cien personas, entre ellas varios magistrados.

Liliana Ávila, de la CIJP, señaló que tras 24 años, el caso, pese a algunos avances judiciales, se mantiene "en total impunidad", dado que "ni las desapariciones, ni las torturas, ni la ejecución extrajudicial del magistrado han sido adecuadamente investigadas".

De acuerdo con Ávila, más de 80 agentes estuvieron involucrados en las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron entonces, y únicamente un "número reducido" ha sido investigado, mientras que "ninguna persona ha sido condenada" y se han registrado amenazas y hostigamientos contra jueces, testigos principales y contra varios de sus familiares, señaló.

Los hechos "involucran un pacto de silencio generalizado", dijo.

Por su parte, Jomary Ortegón, del (CAJAR), lamentó que la CIDH no haya dictado aún sobre el fondo del caso, sobre todo teniendo en cuenta que la Comisión de la Verdad encargada de investigar los hechos indicó el pasado diciembre que Colombia debe aceptar la responsabilidad, y determinó que hubo ejecuciones extrajudiciales.

Para la Comisión de la Verdad no existe duda" de que las personas desaparecidas -empleados de la cafetería, visitantes ocasionales y una rebelde del M-19, fueron víctimas de desaparición forzada.

También quedó demostrado la tortura y tratos crueles y degradantes que sufrieron una estudiante, un abogado y un trabajador de las empresas públicas de Bogotá, así como la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán, según CEJIL.

En este sentido, Ortegón destacó que han pasado 20 años en los que se ha demostrado de manera contundente las violaciones cometidas, y por tanto los peticionarios piden a la CIDH que emita a la brevedad posible el informe de fondo que establezca la responsabilidad internacional de Colombia en estos hechos.

"Solicitamos que contribuya a romper el pacto de silencio".

La primera denuncia del caso ante la CIDH fue presentada en 1990, pero hasta ahora no ha habido una respuesta de fondo del Estado.

El Gobierno de Colombia, representado por Álvaro Amaya, de la cancillería, y Jorge Ibáñez, agente especial, alegó que hay "inseguridad jurídica" porque la CIDH unió el proceso de admisibilidad del caso con el análisis del fondo, y porque los peticionarios han añadido hechos nuevos.

El Estado explicó que la tramitación del caso en Colombia se ha atrasado "no por desidia sino debido a su complejidad", e Ibáñez dijo que hay 14 personas enjuiciadas y ha cumplido sus funciones de investigación y acusación.

Rafael Barrios, abogado del CAJAR, recordó al Estado que la primera investigación seria comenzó 20 años después de los hechos y desmintió que haya 14 miembros de las Fuerzas Armadas enjuiciados.

Seis militares acusados están en libertad, dado que el Estado dejó vencer los plazos para procesarlos, subrayó.

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