Acusan al Gobierno Nacional de persecución e impunidad judicial
La portavoz de la Corporación Reiniciar, Luz Estela Ponte, denunció detenciones arbitrarias, amenazas repetidas y la permanencia de archivos de inteligencia en manos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal) de Colombia, sobre los grupos pro derechos humanos que actúan en el país.
Ponte enumeró casos de asesinatos a integrantes de estos colectivos, ataques a sus sedes y violaciones a mujeres, y acusó al Gobierno de permitir un marco generalizado de impunidad sobre este tipo de violaciones a derechos humanos y de estigmatizar y señalizar a estos grupos ante la opinión pública.
Por su parte, Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), se encargó de resumir lo que él llamó la más gigantesca operación de impunidad de la historia del país, en alusión a los procesos judiciales a paramilitares.
Según Gallón, el Gobierno colombiano ha permitido que una cantidad inmensa de paramilitares queden en libertad, debido a la aplicación de la legislación Ley de Justicia y Paz y un decreto del Gobierno.
El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, manifestó que el Gobierno colombiano está abierto a discutir todos los temas, e insistió en que se trata de una apertura real, no de palabras, sino hechos.
Pero exigió un respeto a la dignidad a la otra parte y una actitud distinta de los portavoces de los grupos presentes por la falta de objetividad en los hechos expuestos.
Se conocerá informe en junio próximo
El director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Colombia, Carlos Franco, rechazó las acusaciones sobre impunidad judicial y defendió el trabajo y la independencia de la Fiscalía en las investigaciones.
En defensa del Gobierno colombiano, señaló que estos asuntos se conocerán mejor sobre el terreno, con la visita que se ofreció a los miembros de la CIDH para estudiar la situación de los derechos humanos en Colombia.
Además, prometió un informe sobre la posición del Gobierno antes del próximo 30 de junio sobre las recomendaciones emitidas en un informe de la CIDH.
