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Decisión sobre la Emergencia Social deberá esperar una semana | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-04-07 05:00:00

Decisión sobre la Emergencia Social deberá esperar una semana

En una carta de cuatro páginas el Gobierno Nacional le solicitó a la Corte Constitucional la posibilidad de que en caso de decretar la inexequibilidad de la Emergencia Social, propuesta por el Ejecutivo para atender la crisis en el sistema de salud, difiera los efectos de esa decisión para permitirle al Congreso de la República emitir las leyes correspondientes.
Decisión sobre la Emergencia Social deberá esperar una semana

“En el caso que la Corte declarara la inexequibilidad, sería de una mayor utilidad permitir un plazo razonable de vigencia a las normas de la emergencia, mientras el Congreso adopta la legislación ordinaria”, consigna el Gobierno en la misiva remitida a la presidencia del alto tribunal.

En este mismo sentido, propone la carta que un fallo con efectos diferidos “permitiría que la revisión del Congreso se diera sin angustia”, además de impedir la afectación a la salud por no contar con las medidas adoptadas en la emergencia.

“En relación con los efectos de la sentencia no puedo decir nada”, consideró el magistrado Mauricio González, presidente de la Corte Constitucional, al referirse a la posibilidad de que el fallo definitivo se difiera en el tiempo y así dar el plazo que reclama el Gobierno para que el Congreso emita las leyes en las que se repliquen los contenidos en los más de 15 decretos de Emergencia Social.

Esa propuesta fue recibida por varios integrantes de la Corte como una intención de salirle adelante a la muy segura posibilidad de que los ocho magistrados que analizarán la ponencia negativa, estarán a favor de esa posición.

Las reuniones se harán durante martes, miércoles y jueves de la próxima semana.

La ponencia negativa fue presentada por el magistrado Jorge Iván Palacio, quien no encontró razón alguna, ni un hecho sobreviniente que haga viable dicho estado de excepción.


No habrá ‘audiencias públicas’

En ese mismo sentido y ante la negativa que a dicha propuesta emita la Corte, el Ejecutivo señala al inicio de la comunicación que “la independencia no excluye el diálogo”. Con esta última expresión, interpretan algunos magistrados, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quiere tender a persuadir a la Corte para que revise la decisión de no permitir las audiencias públicas en las que el Ejecutivo esperaba justificar la determinación.

“La Corte decidió abstenerse de realizar audiencias públicas”, dijo el jurista, quien además justificó esa negativa ante la brevedad de los términos. Al respecto, el magistrado Mauricio González Cuervo, presidente de la Corte Constitucional, anunció que la próxima semana se tomaría esta decisión y explicó que

“No hay solicitud de aplazamiento, ni de suspensión, ni nada que se le parezca”, añadió González, al advertir que la decisión sí se dará a conocer antes del viernes 16 de abril, fecha en que vencen los términos legales. “La Corte no puede sobrepasar los términos que le están fijados legalmente”, concluyó.

síntesis

Los caminos de la emergencia

  • A pesar de que ya se han dado varias discusiones a la Emergencia Social, aún no se ha entrado al fondo del análisis por lo que no se puede hablar de posturas de cara a este proceso.
  • Lo cierto en todo caso es que ante la decisión que deberá darse a conocer a más tardar el próximo 16 de abril, y por tratarse de un estado de excepción, sólo son dos los caminos que tendría la Corte. El primero estaría relacionado con la inconstitucionalidad del decreto madre de la emergencia, con lo cual perderían sustento los demás decretos.
  • El segundo, tiene que ver con una eventual constitucionalidad del decreto madre, con lo cual se podría entrar a analizar uno a uno los decretos expedidos al amparo de la declaratoria. En este caso la Corte podrían tumbar unos decretos y respaldar otros.
  • La tercera vía, vista en muchas oportunidades en la Corte, es la que propone el Gobierno y se relaciona con la posibilidad de diferir los efectos de una sentencia para que el contenido de una norma declarada inconstitucional pueda mantenerse vigente hasta que una ley nueva la reemplace y permita que las pretensiones inicialmente consignadas puedan de todos modos cobrar vigencia.

 

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