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Un mayor y un intendente de la Policía investigaron de manera ilegal varios contratos en la Registraduría | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-04-11 15:11:17

Un mayor y un intendente de la Policía investigaron de manera ilegal varios contratos en la Registraduría

Pocos días después de las elecciones a Congreso del pasado 14 de marzo, el mayor Juvenal Caicedo y el intendente William Carrillo, ambos de la Policía Nacional, llegaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil para solicitar información relacionada con los contratos celebrados entre esa entidad y UNE, para dichos comicios.
Un mayor y un intendente de la Policía investigaron de manera ilegal varios contratos en la Registraduría

Este hecho sería normal si no se tratara de una solicitud respaldada en el artículo 205 de la ley 906 de 2004, la misma que se hizo sin previa orden emanada de la Fiscalía General de la Nación.

Estos hechos son precisamente los que incrementan la preocupación del Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, quien desde la noche del 14 de marzo ha visto como en su contra se ha dado una seguidilla de "coincidencias" que han generado en él, tal como lo dijo en diálogo con Colprensa, temores por su seguridad y la de su familia.

Y no es para menos, si se tienen en cuenta las versiones entregadas en días pasados por el Fiscal General (e), Guillermo Mendoza Diago, quien hizo referencia a la presencia de hacker’s en el proceso electoral, quienes finalmente sabotearon el proceso de transmisión de datos de las votaciones.

Como si fuera poco ahora se habla de una muy segura infiltración de dichos hacker’s en el organismo electoral, gracias a la cual habrían podido obtener la información que terminó por abrirles a los saboteadores las "puertas" del sistema electoral de la Entidad.

Hoy Sánchez no entiende por qué los dos uniformados de la Policía requirieron dicha información. "De manera sorpresiva el 16 de marzo pasado (la Registraduría) recibió una comunicación firmada por el intendente William Carrillo, y el día 17 la empresa UNE recibió una comunicación con esa solicitud de información del intendente Carrillo y del mayor Juvenal Caicedo", confirmó el Registrador.

Este hecho fue calificado por Sánchez como "sorprendente", pues si bien la policía judicial puede actuar en casos de flagrancia "para el 17 ya había pasado más de 48 horas desde la presunta ocurrencia de los hechos". A este tema se suma la extrañeza que causa el que los temas de contratación no tiene nada que ver con la mencionada flagrancia.

"Nuestros abogados indagaron y encontraron que de manera ilegal se estaba realizando una investigación de manera ilegal", consideró el Registrador.

Una semana después de los hechos el Registrador denunció los hechos ante el Procurador General de la Nación.

"¿Por qué enviaron oficios el 17 de marzo?", se pregunta el Registrador no sin destacar el que en algún momentos se ha dicho que dicha solicitud había sido enviada a la Fiscalía, el mismo 16 de marzo. "Estoy muy convencido que sólo hasta después del 21 o 22 de marzo fueron remitidos los documentos a la Fiscalía", dijo.

Pero la zozobra y preocupación de Carlos Ariel Sánchez no se queda allí pues con contundencia señala refiriéndose a la Fiscalía: "tengo dudas de que la totalidad de los documentos los hallan recibido". No en vano el funcionario -dice- ha podido constatar que al ente investigador solo han llegado algunas fotos e informes de prensa relacionados con los problemas en la transmisión de los datos en las elecciones.

En ese sentido en la Registraduría tiene claro que la información, que efectivamente en esa entidad le suministró al mayor y al intendente no ha llegado a la Fiscalía, por lo menos tal como le han dicho al Ministerio Público.

Lo cierto es que ya se ha podido establecer que los dos uniformados efectivamente hacen parte de la Policía Judicial y que su intención era obtener copia de la información sobre los contratos celebrados entre la Registraduría y la empresa UNE.

"Las elecciones fueron el 14 y las 36 horas que la ley permite para ese tipo de procedimientos (policiales) se cumplieron el día 15 ó a más tardar el 16", consideró Sánchez y agregó "el día 17 UNE Telecomunicaciones recibió comunicaciones similares. Ahí sí estaban actuando absolutamente fuera de los términos de la flagrancia", añadió.

Desde el pasado viernes el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo Trujillo, fue enterado del tema desde el pasado viernes 9 de abril. Aún no se conoce la reacción de este alto oficial.

DATO En los despachos de las autoridades como el DAS y la Dijin el Procurador General de la Nación ha solicitado se le informe si en estos momentos está intervenido su teléfono, sin que haya recibido respuesta. "Yo creería que sí estoy ‘chuzado’, pero antes de afirmarlo he querido saber eso de manera oficial".

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