¿Vamos a cambiar el agua de Bucaramanga por migajas de oro?

¿Es viable una ciudad sin agua? El martes pasado, el doctor Gustavo Galvis Hernández, Presidente de la Asociación Nacional de Servicios Públicos, advirtió en su columna de Vanguardia: “Ni hablar de los peligros que acechan a los páramos de los Santanderes si se permiten, sin sostenibilidad y estricto manejo ambiental, las proyectadas explotaciones mineras de oro que tanto entusiasman. Son las fábricas de agua que abastecen al nororiente del país y en especial al Área Metropolitana”.
En un enérgico editorial de la revista Cultura Cívica (diciembre 2009), de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, su presidente anotaba: “No permitamos que empresas mineras sigan adquiriendo tierras en Santander a precios irrisorios como la Geystar Resourses Ltda. que afirma que Colombia es una oportunidad dorada, esto para su propio beneficio y contando con la complicidad de los gobiernos de turno y sus débiles leyes que otorgan licencias para explotar áreas que ellos mismos dicen proteger.”
El doctor Gilberto Reyes se refería al megaproyecto de explotación minera en el páramo de Santurbán. Y añadía: “ninguna actividad ambiental es tan devastadora como la explotación minera a cielo abierto”.
Los ambientalistas ya habían planteado sus inquietudes sobre los riesgos asociados a la gran minería en páramos. He reproducido en este espacio sus preocupaciones, que incluso fueron presentadas en un Simposio sobre Áreas Protegidas que se realizó en el 2008 en la Universidad Santo Tomás, con el patrocinio de la Gobernación. Hay que insistir en que la gran minería en páramos es posible gracias a los cambios que introdujo este interminable gobierno en el decreto sobre licencias ambientales: se remplazó el 1728 por el 1180; este borró la prohibición de estas actividades en páramos, en contravía con lo establecido en la ley 99 de 1993 que establece: “Los páramos, nacimientos de agua y recarga de acuíferos serán objeto de protección especial”. (El 1180 fue después remplazado por el 1220, que posibilita además la importación de residuos peligrosos). Es necesario crear un frente común para “Oponernos a la explotación minera a cielo abierto”, como titula el editorial de Cultura Cívica.