Corte Constitucional consideró que no hay argumentos para la declaratoria de emergencia social en salud | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-04-17 13:51:41

Corte Constitucional consideró que no hay argumentos para la declaratoria de emergencia social en salud

Con una votación unánime, los nueve magistrados de la Corte Constitucional declararon inexequible el decreto 4975 de 2009 de la declaratoria de emergencia social en salud.
Corte Constitucional consideró que no hay argumentos para la declaratoria de emergencia social en salud

Para tomar esta decisión consideraron que los hechos en los cuales se fundamentó la emergencia social en salud y por tanto dicho decreto, pudieron haberse remediado con anterioridad y a través de mecanismos ordinarios.

El Presidente de la Corte Constitucional, magistrado Mauricio González, explicó que "no hubo hechos sobrevinientes que justificaran la declaratoria de emergencia social en salud" y que los aspectos que han deteriorado la salud "se incubaron con el tiempo".

Seg√ļn los fundamentos de los nueve magistrados en la sentencia 252 de 16 de abril de 2010, exist√≠an medidas diferentes a las legislativas para enfrentar la situaci√≥n que se presenta en el sector salud, sin embargo, no se desconoci√≥ que existen hechos realmente graves que afectan el sistema de seguridad social en salud y principalmente los derechos de accesos a la salud de la poblaci√≥n colombiana.

"No obstante la gravedad de estos hechos invocados por el Gobierno para sustentar su declaratoria, se concluyó que es inexequible por tratarse de hechos estructurales y no sobrevivientes, además de que no existieron medios ordinarios para conjurarlo", sostuvo González.

Decreto tributario
Con la inexequibilidad del decreto madre también quedaron sin fundamento constitucional y jurídico los tres que surgieron en torno a esta declaratoria, que hablan sobre la tributación y la destinación de los recursos recaudados, porque "carecen de conexidad con la declaratoria".

Entre los decretos ley sobresale 127 de 2010 referido a materias tributarias. Frente a este decreto, la Corte Constitucional decidi√≥ diferir la vigencia hasta el 16 de diciembre de este a√Īo, cuando termina el segundo periodo legislativo, reconociendo la "gravedad de los hechos que afectan el sistema de seguridad social y de acceso al servicio", sostuvo Gonz√°lez.

La Corte fue enf√°tica en establecer que los recursos recaudados con relaci√≥n al decreto deben ser dirigidos a la red hospitalaria p√ļblica, al r√©gimen subsidiado en salud y para atender a las personas que no aparecen afiliadas dentro del sistema. Esta orden deber√° cumplirse de inmediato.

Explic√≥ que en la sentencia se evidencia que el destino final de esos recursos vaya a la red hospitalaria del sector p√ļblico y a la unificaci√≥n del POS contributivo y subsidiario, as√≠ como a la pensi√≥n de las personas que no est√°n en ninguno de los dos reg√≠menes, porque todo ciudadano tiene derecho a la salud.

El magistrado González afirmó que la decisión de destinar esos recursos se tomó pensando en la población más vulnerable que hay en el país, para que usuarios no se vean afectados por el recorte abrupto de los decretos legislativos tributarios.

Frente al punto de extender el plazo para culminar la vigencia de los decretos, la votación fue de cinco contra cuatro. A favor votaron Juan Carlos Henao, Jorge Pretelt, Nilson Pinilla, María Victoria Calle y Mauricio González.

En relación con los otros dos decretos ley, 4976 de 2009 y 136 de 2010, que hacen referencia a aspectos complementarios de la emergencia, uno es sobre la liberación de recursos que permiten garantizar la continuidad de la prestación al servicio y el otro relativo a garantizar el acceso y eficiencia en la prestación de los servicios, la Corte declaró la inexequibilidad.

En este punto se consideró que no hacen referencia a las fuentes de financiación tributarias del sistema de salud.

El magistrado González explicó que los recursos podrán usarse para aliviar la situación financiera del sistema, en relación con los recobros al Fosyga por cuenta de prestación de servicios no POS del régimen subsidiado.

A quienes están recibiendo cuidados médicos especiales, la Corte envió un mensaje de tranquilidad. "Los que reciben tratamientos no POS podrán ver asegurado el cumplimiento y la continuidad de estos servicios en virtud de que se proveerán recursos para su satisfacción".

De acuerdo con lo explicado, a través de la nueva sentencia 252 se recomienda crear una política de Estado en torno a la salud, por eso el Congreso Nacional fue considerado como el escenario natural de la deliberación y el cuerpo representativo de la nación para definir el rumbo que se le debe dar al sistema de salud.

El Presidente de la Corte aclar√≥ que "la Corte no pretende reemplazar estas instancias democr√°ticas, participativas y de deliberaci√≥n", sino permitir que el Gobierno Nacional tenga un m√°ximo, hasta el pr√≥ximo 16 de diciembre, para que con el Congreso, puedan no s√≥lo reemplazar las normas de los decretos, sino dise√Īar un sistema de salud integral que satisfaga el derecho a la salud de la poblaci√≥n.

La Corte Constitucional hizo un llamado al Congreso para que se fortalezcan los mecanismos de control, porque se ha estimado que ha habido un déficit en el control sobre los actores del sistema de salud, sus costos y una serie de requerimientos para satisfacer el derecho a la salud.

Durante el debate de los magistrados, sobresalió el tema que tiene que ver con la situación de la subcuenta de compensación del Fosyga. Se reconoció que hubo un incremento agudo y bastante fuerte de la demanda de servicios no POS (excluidos de los planes de servicio) y que eso incrementó los llamados recobros.

Esto conllevó a que los recursos de la subcuenta empezaran a agotarse rápidamente. Ello condujo a que la Corte entendiera que ese fue uno de los elementos que agravaron la situación, pero se aclara que ese problema se incubó progresivamente y no llegó por hechos sobrevinientes.

Antecedentes
De acuerdo con el magistrado González, la decisión tomada frente al decreto tributario tiene un antecedente en la sentencia 700 del 99, sobre el sistema UPAC. En este fallo se difirieron los efectos de la sentencia hasta el 20 de junio del 2000 habiéndose proferido el fallo el 2 de mayo de 1999, porque se consideró que el impacto de la inexequibilidad podría generar un problema mayor del que se pretendía evitar con la declaración de inconstitucionalidad.

Argumentando su decisión, la Corte afirmó que el derecho a salud de la población más vulnerable ha sido el fundamento de la decisión en virtud de la gravedad del asunto, como lo adujo el Gobierno en los decretos y lo reconoció la Corte Constitucional.

La Corte consideró que fue bastante coherente y consistente con sus precedentes jurisprudenciales frente al tema.

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