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Decisiones de largo alcance | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-09-07 01:16:03

Decisiones de largo alcance

Decisiones de largo alcance

Cuando un consumidor se queja ante la Alcaldía por la calidad o la idoneidad de un bien o servicio, se abre una investigación administrativa; usualmente, se cita a las partes a una reunión procurando que lleguen a un acuerdo y, si es del caso, el inspector impone una sanción económica al vendedor del bien o servicio que, sin justa causa, incumpla las obligaciones de la garantía del fabricante.

Vale la pena recordar cuál es el origen legal de esa facultad, porque nos vamos a encontrar con una sorpresa.

El articulo 44 del Estatuto del Consumidor establece que la Superintendencia Primera Delegatura de Industria y Comercio, en Bogotá, D.C. y los Alcaldes en otros lugares del país, son los encargados de imponer las sanciones administrativas cuando los bienes o servicios no cumplan las condiciones de calidad e idoneidad que son ordinarias y habituales en el mercado y cuando se incurra en engaño en la información al consumidor.

Las sanciones consisten en (I) multas a favor del Tesoro Público hasta por 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes (calidad del bien) o 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (información al consumidor); (II) orden de retirar de las vitrinas los bienes ofrecidos, los cuales deben ponerse a disposición de la respectiva autoridad para su destrucción o venta y (III) la prohibición definitiva de producir y vender el respectivo bien o servicio.

Según esto, el inspector de precios, pesas y medidas de una de nuestras alcaldías municipales, la de Yopal por ejemplo, está facultado por la ley no solamente para imponer sanciones en metálico al Concesionario local, sino también para ordenarle a la fábrica que deje de producir o de importar los vehículos como el de la queja,  porque a su juicio no cumplen las condiciones de calidad o idoneidad ordinarias y habituales del mercado.

Hay quienes sostienen que los alcaldes sólo tienen competencia en su territorio (competencia territorial), y por esta razón no podrían imponer la tercera sanción; sin embargo, el Estatuto del Consumidor les dio esa facultad sin restricciones y donde la ley no distingue no le es dado al intérprete distinguir.
En el proyecto de ley del Nuevo Estatuto del Consumidor valdría la pena revisar este aspecto de la ley.

*Abogado experto en Derecho del Consumidor de Automotores Haga sus consultas y comentarios a rodrigobueno@etb.net.co

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