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Uribe acusa de 'tinterillos, idiotas útiles' a funcionarios judiciales | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-06-03 22:47:57

Uribe acusa de "tinterillos, idiotas útiles" a funcionarios judiciales

Una vez más el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se enfrentó con la justicia. Hoy jueves se trató por el llamado a declaratoria que hizo la Fiscalía General de la Nación al comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, por el denominado caso de los ‘falsos positivos’, el cual se interpretó en un principio como una investigación preliminar en contra del alto oficial.
Uribe acusa de 'tinterillos, idiotas útiles' a funcionarios judiciales

Esta situación motivó que el Presidente le solicitara a la Fiscalía que aclare la situación.

Esto se suma a las críticas hechas por el Primer Mandatario respecto a la orden de captura del ex director de la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero, Uiaf, Mario Aranguren, por la entrega de información, de manera supuestamente ilegal, al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, sobre magistrados, políticos, sectores de la oposición y periodistas.

El jefe de Estado dijo hoy jueves durante la ceremonia de ascenso de generales de la Policía, que las acusaciones contra el general Padilla de León, respecto a su responsabilidad en los falsos positivos, son realizados por "tinterillos de todas las clases y los idiotas útiles e inútiles" del terrorismo que tienen como meta destruir la seguridad democrática.

“General Freddy Padilla de León, los tinterillos de todas las zonas, los idiotas útiles e inútiles del terrorismo están contra de esta política, ellos no hacen sino hacer falsas acusaciones y aterrorizan las acciones de la justicia", dijo el mandatario.

Aseguró que "son falsas" las denuncias por los falsos positivos y que toda Colombia va a apoyar al jefe de las Fuerzas Militares porque ha visto su lucha contra el terrorismo.

Por su parte, el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, señaló que los terroristas no solo se valen de acciones armadas para acabar con la seguridad democrática, sino que en casos como las acusaciones al general Padilla, se están valiendo "de un sicariato jurídico".

Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional, Eduardo González, habló de la “necesidad de que haya tanto colaboración armónica ente los poderes públicos, como respeto por la autonomía de los jueces”.

Caso Aranguren: otra piedra en el zapato

Estos no han sido los únicos “choques” que se han presentado entre el Gobierno y la rama judicial, ya que ayer miércoles, Uribe Vélez se refirió nuevamente en contra de la decisión de la justicia de encarcelar a Aranguren, a quien calificó como "una persona de trayectoria transparente".

Uribe reiteró en un comunicado que Aranguren es "un ciudadano con una rigurosa trayectoria de transparencia, quien no ha robado pero sí ha cumplido el deber de batallar contra la corrupción del narcotráfico".

Agregó que "es grave para el país que a la tarea honrada de perseguir al narcotráfico se le llame prevaricato, abuso de autoridad o concierto para delinquir y cuestionó: “¿Meten a la cárcel a los colombianos que combaten la penetración corrupta del narcotráfico?, ¿puede estar en la cárcel un colombiano cuyo pecado, cuyo delito es haber combatido con las normas legales, en virtud de sus competencias, la penetración corrupta de los dineros del narcotráfico?".

En respuesta a esta crítica a la Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar , afirmó que "lo único que la Corte advierte en este episodio es que los jueces de Colombia son independientes, que no obedecen a intervenciones de ninguna clase, si ello fuera así, sería un delito y habría que denunciarlo".

Y reiteró que "la Corte Suprema respeta la independencia de los jueces" y que jamás ha llamado a un juez a solicitarle una decisión.

“Obviamente, es de entender que cuando se toman decisiones que afectan a algún círculo o personas, vienen las quejas y protestas, eso es entendible, pero la Corte advierte enfáticamente que no hay porqué atacar la independencia de un juez con una decisión que haya tomado", agregó Arrubla.

En este sentido, el presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la judicatura, magistrado Hernando Torres, también manifestó ese día su malestar por las declaraciones del Presidente de la República y afirmó que hay elementos suficientes para desvirtuar cualquier presión a los jueces, ya que las audiencias que se han llevado a cabo en el caso de Aranguren han sido públicas y grabadas.

Torres señaló que es muy delicado que el jefe de Estado haga este tipo de afirmaciones debido a que emite un mensaje negativo a la rama judicial y muestra que los jueces son vulnerables y recalcó que desde 2005 la justicia colombiana se ha modificado y ahora las audiencias son públicas y orales, por lo que si alguien está inconforme con alguna decisión, tiene los recursos para contradecirla.

Finalmente, todos estos pronunciamientos por parte de los diferentes representantes del sector judicial y el Presidente, en particular las que se relacionan con el caso de Aranguren, conllevaron a que la sala plena del Consejo de Estado decidiera iniciar un estudio al respecto. Así lo anunció el vicepresidente de esa corporación, magistrado, Mauricio Fajardo.

Fajardo aseveró que las decisiones judiciales son de estricto cumplimiento y ratificó que los jueces son independientes y que así deben seguir siéndolo porque son una garantía para los ciudadanos.

“Todas las decisiones judiciales están llamadas a cumplirse por parte de todos los habitantes del territorio de la República, incluido el presidente. La Constitución no hace ninguna distinción al respecto”, afirmó el magistrado.

Agregó que “para que exista un Estado democrático de derecho es absolutamente indispensable que el poder judicial pueda cumplir sus funciones de manera independiente y autónoma”.

Los nuevos enfrentamientos entre el Ejecutivo y las cortes se iniciaron este martes cuando el primer mandatario aseveró que hay un órgano superior de la justicia que persigue a los funcionarios de su gobierno.

 

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