Si no hay riesgos, empresas deben instalar redes de servicios públicos | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-06-08 05:00:00

Si no hay riesgos, empresas deben instalar redes de servicios públicos

Las entidades de servicios están en la obligación de conectarles las redes de agua, luz, gas, teléfono y alcantarillado a las viviendas de las comunidades más necesitadas; incluso si son invasiones. La única excusa que podrían tener tales empresas para no cumplir con la citada orden, sería que los predios en donde se encuentren las casas sean considerados como de alto riesgo de erosión, inundación o deslizamiento.
Si no hay riesgos, empresas deben instalar redes de servicios públicos

La decisión la tomó el Consejo de Estado, tras fallar una acción popular a favor de una humilde comunidad que, durante cinco años, venía pidiendo las redes públicas del agua potable en sus hogares.

Gracias a una acción popular, instaurada por el abogado bumangués, Herman Gustavo Garrido Prada, un vecindario del municipio de Cúcuta, Norte de Santander, por fin podrá acceder a las citadas redes.

Con tal veredicto, el Consejo de Estado “amparó los derechos colectivos a la seguridad y a la salubridad públicas, al acceso a los servicios públicos, a su prestación eficiente y oportuna, y a las necesidades de los consumidores y usuarios de los habitantes de al menos 170 familias de ese asentamiento”.

La empresa del Acueducto dispondrá de un plazo de dos meses para hacer los estudios necesarios, con miras a garantizar el suministro del agua potable en esas viviendas. Y la ejecución de la obra, según consta en el veredicto, no podrá demorar más de seis meses.

Según Garrido Prada, el fallo es histórico: “toda vez que les garantiza servicios públicos a miles de familias que en el país se ven obligadas a acceder al agua mediante pilas públicas”.

Para el caso de la capital santandereana, dijo el abogado, la acción popular favorecerá a miles de familias que residen en invasiones o albergues y que, pese a que han insistido ante las respectivas entidades del Estado, aún no disponen de los servicios públicos.

Dentro del grupo de familias afectadas están cerca de 220 que se refugian en albergues provisionales, habilitados por el Municipio tras la avalancha del río de Oro, ocurrida en febrero de 2005.

 

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