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Si no hay riesgos, empresas deben instalar redes de servicios p煤blicos | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-06-08 05:00:00

Si no hay riesgos, empresas deben instalar redes de servicios p煤blicos

Las entidades de servicios est谩n en la obligaci贸n de conectarles las redes de agua, luz, gas, tel茅fono y alcantarillado a las viviendas de las comunidades m谩s necesitadas; incluso si son invasiones. La 煤nica excusa que podr铆an tener tales empresas para no cumplir con la citada orden, ser铆a que los predios en donde se encuentren las casas sean considerados como de alto riesgo de erosi贸n, inundaci贸n o deslizamiento.
Si no hay riesgos, empresas deben instalar redes de servicios p煤blicos

La decisi贸n la tom贸 el Consejo de Estado, tras fallar una acci贸n popular a favor de una humilde comunidad que, durante cinco a帽os, ven铆a pidiendo las redes p煤blicas del agua potable en sus hogares.

Gracias a una acci贸n popular, instaurada por el abogado bumangu茅s, Herman Gustavo Garrido Prada, un vecindario del municipio de C煤cuta, Norte de Santander, por fin podr谩 acceder a las citadas redes.

Con tal veredicto, el Consejo de Estado 聯ampar贸 los derechos colectivos a la seguridad y a la salubridad p煤blicas, al acceso a los servicios p煤blicos, a su prestaci贸n eficiente y oportuna, y a las necesidades de los consumidores y usuarios de los habitantes de al menos 170 familias de ese asentamiento聰.

La empresa del Acueducto dispondr谩 de un plazo de dos meses para hacer los estudios necesarios, con miras a garantizar el suministro del agua potable en esas viviendas. Y la ejecuci贸n de la obra, seg煤n consta en el veredicto, no podr谩 demorar m谩s de seis meses.

Seg煤n Garrido Prada, el fallo es hist贸rico: 聯toda vez que les garantiza servicios p煤blicos a miles de familias que en el pa铆s se ven obligadas a acceder al agua mediante pilas p煤blicas聰.

Para el caso de la capital santandereana, dijo el abogado, la acci贸n popular favorecer谩 a miles de familias que residen en invasiones o albergues y que, pese a que han insistido ante las respectivas entidades del Estado, a煤n no disponen de los servicios p煤blicos.

Dentro del grupo de familias afectadas est谩n cerca de 220 que se refugian en albergues provisionales, habilitados por el Municipio tras la avalancha del r铆o de Oro, ocurrida en febrero de 2005.

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