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¿Dónde está la solidaridad con la justicia? | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-06-24 05:00:00

¿Dónde está la solidaridad con la justicia?

Es indudable que los últimos años el Estado colombiano ha mostrado signos preocupantes de debilidad institucional, que se han manifestado en el corazón mismo de los tres poderes que son fundamento del sistema democrático que nos rige.
¿Dónde está la solidaridad con la justicia?

Una de las situaciones más tensas y que se ha presentado por un tiempo más largo, se ha dado en la relación entre las ramas ejecutiva y judicial. Para nadie en el país ha pasado inadvertido el grado de pugnacidad que se ha vivido entre el presidente Uribe y la justicia, al punto de que, además de enfrentarse en estrados judiciales por demandas personales, como en el caso del ex presidente de la Corte Suprema Cesar Julio Valencia Copete, recientemente el Primer Mandatario ha controvertido con vehemencia los fallos de algunos jueces colombianos.

Esta situación, además de inconveniente para la salud institucional del país, es lamentable en la medida en que da confuso contexto a situaciones, que aunque ocurran en la particularidad de un proceso y la legitimidad de una decisión judicial, pueden ser malinterpretadas como parte del debate entre poderes.

Es en el marco de esta inestabilidad que se produjo hace pocos días la decisión de la jueza María Stella Jara, en el sentido de condenar a 30 años de cárcel al Coronel en retiro Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la re toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

El fallo obviamente causó toda clase de reacciones y aunque no es del todo conveniente que se propicien debates no jurídicos sobre estas determinaciones que corresponden a asuntos procesales, era prácticamente inevitable que en un caso como este, algo así sucediera.

Pero lo más grave de todo este caso vino a saberse hace dos días cuando la jueza Jara abandonó el país por no soportar más la situación de amenaza en la que vivían ella y su hijo desde hacía ya tiempo.

Es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que no sólo la funcionaria judicial había recibido estas amenazas, sino que el Estado había sido negligente para darle la protección que requería.

Desde todo punto de vista es muy lamentable que una persona que cumple una misión tan delicada como la que afrontaba esta jueza, deba desarraigarse de su patria precisamente por actuar con valor y decisión en el cumplimiento de su deber. Así mismo, para las instituciones sería bastante conveniente y sano que el Estado se pronunciara con toda claridad y firmeza en defensa de esta mujer, en tanto ella representa la soberanía de la justicia que debe ser preservada a toda costa, para bien incluso de la vida de todos los colombianos.

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