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Polémica por traslado de Plazas Vega a Guarnición Militar | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-06-26 21:44:29

Polémica por traslado de Plazas Vega a Guarnición Militar

Polémica por traslado de Plazas Vega a Guarnición Militar

Agregó que según la ley colombiana, el alto oficial tiene derecho a ese sitio de reclusión por su servicio en las Fuerzas Militares y por su estado de salud.

"La jueza tercera espcializada ordenó no enviarlo a un sitio de reclusión, el oficio así lo dice y el Inpec, siguiendo las reglamentaciones al respecto, lo envía a una guarniición militar especial donde están muchos generales y oficiales que están siendo procesados, por tanto, se cumplió textualmente lo que dijo la jueza", indicó el abogado Granados.

Granados expresó que el dolor de los familiares de Plazas es comprensible, "pero ellos no son jueces y los únicos en decidir sobre qué medida es más apropiada para el procesado son los jueces".

"Hasta ahora los familiares no son los que reemplazan los jueces, los jueces son los que ordenan y los demás cumplen y en ningun momento la jueza Jara ordenó eso, más bien ese es el querer de los familiares, es comprensible, pero la verdad, que es lo único que nos debe ocupar, dice que debe ser recluido en un lugar y ese lugar lo escogió el Inpec y en este caso es la Escuela de Caballería", manifestó el abogado defensor.

Por su parte, el abogado defensor de las familias de los 11 desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia, Jorge Eliécer Molano, aseguró que no haber trasladado al coronel en retiro Plazas Vega a la cárcel La Picota, "es una decisión del Gobierno que demuestra su interés de darles beneficios y tratos benévolos a los criminales".

Y anunció que "si la decisión del Gobierno ha sido trasladar al coronel Plazas al Cantón Norte, vamos a iniciar las acciones judiciales".

El pasado viernes 25 de junio el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega fue trasladado del hospital Militar al Batallón de Infantería en el Cantón Norte, en Bogotá.

El coronel Plazas Vega fue condenado el pasado 9 de junio a 30 años de cárcel por el delito de desaparición forzada y agravada, en el caso de la retoma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y la desaparición de 11 personas.

 

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