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Continúan impedimentos para debatir reforma a la Justicia | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-09-09 02:46:35

Continúan impedimentos para debatir reforma a la Justicia

En medio de la más profunda crisis institucional entre el Ejecutivo y las altas cortes que amenaza, incluso, con la intervención del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, el Congreso abordará el estudio de la reforma a la Justicia.
Continúan impedimentos para debatir reforma a la Justicia

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la actual legislatura por los alcances que reviste para la administración de justicia y, según algunos expertos, para favorecer a los congresistas vinculados a la ‘parapolítica’.

El Gobierno, no obstante, cree todo lo contrario, pues el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, ha advertido que el proyecto busca “fortalecer y hacer más autónoma e independiente” a la Rama Judicial, y que sus alcances no serán retroactivos.

El futuro de la iniciativa no está despejado, pues no cuenta con el consenso suficiente. La bancada liberal decidió, finalmente, participar críticamente en los debates, pero se abstendrá de votar el articulado.

El Polo Democrático, entre tanto, no acudirá a las deliberaciones y las altas cortes han reiterado que se marginan de la discusión por considerar la reforma “inconveniente e inoportuna”.

Los expertos, por su parte, tienen su propia opinión. El ex ministro Carlos Medellín dice que si bien el proyecto “tiene temas interesantes, no soluciona los problemas de fondo”. Mientras que para el ex magistrado José Gregorio Hernández, la reforma es inoportuna: “Se presenta justo cuando la Corte Suprema adelanta delicadas investigaciones contra congresistas”.

Con todo, algunos temas del proyecto tienen gran respaldo, como el de la doble instancia para congresistas, pues corresponde a un mandato de la Corte Constitucional.

Pero temas como la nueva elección del Procurador “afecta el equilibrio de poderes, pues los organismos de control están diseñados para cuatro años, pero todo se alteró con la reelección presidencial”, explica el ex Fiscal Alfonso Gómez Méndez.

Tampoco ha sido de buen agrado la figura de la cooptación para elegir magistrados de las altas cortes. “Es un retroceso.

Puede que el sistema actual no sea el mejor, pero es menos inconveniente que la cooptación”, dice el ex magistrado Eduardo Cifuentes.

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Los principales puntos de la reforma:

1. El nuevo Consejo Superior de la Judicatura: quedará dividido en dos salas: la de Gobierno (nueva) que integrarán los presidentes de la Corte Constitucional, la CSJ, el Consejo de Estado y tres magistrados comisionados, uno por cada alto tribunal. La Sala de Gobierno tendrá funciones administrativas y se encargará de reglamentar la acción de tutela contra sentencias judiciales. En esta sala tendrá voz, pero no voto, el Ministro del Interior y de Justicia.

2. Doble instancia para investigar congresistas: deja la investigación de los parlamentarios en manos de la Fiscalía y el juzgamiento pasaría a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que, hasta ahora, ha sido la encargada de investigar y juzgar a los congresistas por delitos penales.

3. Cooptación para elegir magistrados: revive la cooptación en audiencia pública para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Hasta ahora los magistrados de la judicatura son elegidos de terna que presenta el Presidente de la República y éstos eligen a los demás de ternas que presentan las altas cortes.

4. Los organismos de control: quita a las cortes la posibilidad de nombrar a quienes vigilan a los funcionarios del Estado. Por ello plantea que sea el Congreso en pleno el que elija a estos cuatro funcionarios para períodos de cuatro años, de ternas diseñadas por el Congreso previo concurso público de méritos.

5. Votación de reformas constitucionales: eleva a rango constitucional la obligatoriedad para que todos los parlamentarios voten las reformas a la Constitución sin incurrir en conflicto de intereses. De esta manera se pretende evitar del desgaste del Congreso y del Gobierno en la discusión de reformas a la Carta Política, y evitar el traslado de congresistas de una comisión a otra.

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