Plan de reubicación para la invasión del Ragonessy | Noticias de santander, colombia y el Mundo

Sábado 20 de Diciembre de 2014
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Guanentá
2010-07-13 05:00:00

Plan de reubicación para la invasión del Ragonessy

Plan de reubicación para la invasión del Ragonessy
El censo realizado por las autoridades municipales en la invasión del Ragonessy en San Gil, dejó claro que el aumento de la población es considerable y que por lo tanto es indispensable iniciar un proceso de reubicación.

En su momento el secretario de Gobierno municipal, Héctor Vargas Rodríguez, contempló la posibilidad de hacer el traslado de esta comunidad en el lote de la Defensa Civil, ubicado en el barrio José Antonio Galán.

El funcionario detalló que la propuesta está en discusión hasta tanto se legalice la devolución del lote, que en el momento es responsabilidad de la Defensa Civil.

El presidente de ese organismo en San Gil,  Diego Fernando García Martínez, se refirió a la situación como “una papa caliente”, pues advirtió que tras la instauración de una acción popular por aparente daño fiscal (ver recuadro) habrá que esperar a que un juez administrativo dicte un fallo y defina si la Defensa Civil debe entregar o no el lote.

Agregó que la reubicación deberá someterse, además del fallo de la justicia, a un estudio hecho por un comité que defina si las familias están en alto riesgo y si tienen prioridad con respecto a la población  de la carrera 11 y la gruta.

Así las cosas el tema sigue “empantanado”, y la reubicación de los habitantes de la invasión del Ragonessy se pospondrá hasta tanto haya un fallo judicial.


Antecedentes

El lote ubicado en el barrio José Antonio Galán de San Gil fue donado por la urbanización Villa Aurora en el año 2001 a la Defensa Civil, para que sirviera de lugar de reubicación a las familias  catalogadas en alto riesgo.

Ese mismo año se hizo un aparente convenio verbal entre la Administración Municipal y la Defensa Civil para construir viviendas e iniciar la reubicación.

El dinero invertido en tal proyecto supera los $110 millones, y desde entonces las viviendas no han sido utilizadas, y por el contrario se encuentran en completo deterioro.

La situación hizo que se instaurara una demanda ante la Defensa Civil y el Municipio por “daño fiscal”, justificado en que el Gobierno Local no puede invertir en un terreno que no es de su propiedad, sumado a que las edificaciones se deterioraron y no cumplieron con el propósito para lo que fueron creadas.

Publicada por
Patricia Salazar Pineda / periodistasangil@vanguardia.com
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