De acuerdo con el auditor general, Iván Dario Gómez, la derogatoria aplicará para aquellos casos en donde no se haya celebrado un contrato.
Según la Contraloría, la Procuraduría y la Auditoria, las autorizaciones de los gobernadores y alcaldes que han venido solicitando para la apropiación de las vigencias futuras no estén atadas a proyectos específicos ni a procesos contractuales en curso, como lo ordena la ley.
De esta manera, los mandatarios locales y regionales deberán acudir a cupos de endeudamiento y podrán comprometer evidencias futuras que se encuentren dentro de su periodo administrativo.
Datos de la Auditoria General estiman que de los 8 billones de pesos que se destinan a inversión anualmente para los entes territoriales, en lo corrido del año ya se han utilizado 2 billones de pesos.