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¿Legitimar lo irracional? | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-09-20 19:01:36

¿Legitimar lo irracional?

¿Legitimar lo irracional?

presentadas por el programa “Séptimo Día” a la teleaudiencia nacional, no da lugar a dudas: se está atentando en forma grave contra la salud de muchos colombianos, especialmente la de los más vulnerables, y se está destruyendo riqueza.

No es secreto que dichos establecimientos operan –desde hace años y no sólo en Bogotá sino en gran parte del país– bajo condiciones de cero inocuidad, violando el cumplimiento de rigurosas normas sanitarias.

Lo que sí resulta inaudito es que en los eslabones siguientes al productor se destruya valor, en un bien que tiene más de tres años de proceso, como es el ganado. Si un ganadero hace un inmenso esfuerzo por producir un buen animal para sacrificio, pues es evidente que un buen sacrificio, desposte y comercialización, beneficia el consumidor. No resulta por tanto legítimo –por ningún motivo– utilizar el argumento de la pobreza para defender unas prácticas comerciales de esa naturaleza.

El sacrificio de animales para consumo humano entraña, per se, inevitables relaciones con la salud pública y el medio ambiente. Cuando dicha actividad se lleva a cabo contraviniendo las disposiciones sanitarias, no es posible garantizar la inocuidad del proceso de sacrificio y, por supuesto, la de los productos resultantes del mismo, perdiéndose todo ese gran esfuerzo realizado por los ganaderos.

Tampoco es posible garantizar la disposición adecuada de los desechos resultantes como la sangre, el contenido ruminal y otros. Deshechos que en la mayoría de los casos se vierten a los ríos y quebradas.

Es un problema que nos atañe a todos y que nos exige conocer el marco legal que rige la actividad de sacrificio de animales para consumo humano, pasando por las obligaciones que impone a los directos implicados y a las autoridades, hasta los impactos que tiene en el ambiente y en la salud pública.

Precisamente este marco normativo sanitario está integrado por el Decreto 1500 de 2007, su reglamento técnico contenido en la Resolución 2905 de 2007 y en el Decreto 2965 de 2008. Un aspecto interesante sobre este tema es que si bien su incumplimiento ya estaba contemplado en el Código Penal, la recién expedida Ley 1220 endureció las penas. En sus artículos 4 y 5, la mencionada ley impone pena de prisión de cuatro a diez años para quien contamine las aguas; y de cinco a doce años, para ejercer el oficio, a quien envenene, contamine, altere producto o sustancia alimenticia.

Tenemos entonces un marco legal sanitario sólido y unas sanciones penales fuertes. Pero se requiere de la voluntad decidida de las autoridades competentes para hacerlas cumplir, porque no hay derecho a que muchos compatriotas consuman carnes que no han sido sacrificadas, despostadas ni comercializadas con la inocuidad que demanda el producto.                        

* Presidente ejecutivo de Fedegán

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