Miércoles 23 de Mayo de 2018 - 12:01 AM

Detención domiciliaria para contratista del PAE

Germán Trujillo Manrique se entregó a las autoridades y aceptó los cuatro delitos que le imputó la Fiscalía seccional.
Archivo / VANGUARDIA LIBERAL
Germán Trujillo Manrique aceptó los cargos y devolvió una parte del contrato del PAE.
(Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

La Fiscalía le imputó a Germán Trujillo Manrique, contratista del PAE en Santander, cargos por cuatro delitos por hechos ocurridos en 2016 en un contrato suscrito con la Gobernación de Santander ese mismo año.

La audiencia se cumplió ayer entre las 3:00 p.m. y las 8:00 p.m. en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga.

Durante la diligencia judicial al implicado le imputaron cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado, todos en calidad de determinador.

En la audiencia se informó al Juez 13 de Bucaramanga que Germán Trujillo Manrique devolvió $2.283 millones correspondientes al contrato del PAE. A esto se suma que Trujillo Manrique se entregó y aceptó los cargos que le imputaron, por lo que la Fiscalía solicitó el beneficio de detención domiciliaria.

A las 8:30 p.m. tras un receso, el Juzgado 13 Penal Municipal con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento domiciliaria contra Trujillo Manrique. En cerca de un mes un juez de conocimiento establecerá la condena que el contratista deberá pagar.

Los enredos del PAE

La Fiscalía informó que en Santander fueron detectadas presuntas anomalías en el contrato suscrito el 21 de abril de 2016, entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones para cubrir el Programa de Alimentación Escolar en 82 municipios, por un valor inicial de $23.844 millones.

En septiembre del mismo año se realizó una adición de $6.700 millones y posteriormente se presentó una nueva adición por $5.200 millones de tal manera que el valor total del contrato ascendió a $35.744 millones. Según el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez se encontró que existían presuntos proveedores ficticios. “El análisis de la contabilidad refleja la adquisición de productos perecederos en municipios apartados en los departamentos de Tolima, Huila y Meta”.

Los investigadores de la Fiscalía viajaron a cada una de las zonas descritas y comprobaron con testimonios y evidencia física que las organizaciones que supuestamente suministraron los alimentos no existían, estaban inactivas o en proceso de liquidación y, en la mayoría de los casos, no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica.

“En Acacías, Meta, se formalizó un contrato por $30 millones con la Asociación de Operadores de Grúas T&A, para el suministro de tamales. Allí se pudo constatar que esta entidad no tiene por objeto este tipo de actividad. Lo más revelador, los trabajadores de Grúas T&A certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales. Complementariamente, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes”, explicó Néstor Humberto Martínez.

En desarrollo de las indagaciones, la policía judicial tiene evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron en una fiducia para la compra de un apartamento en Bucaramanga, que tendría relación con Germán Trujillo Manrique.

Proceso avanza

Por estos mismos hechos el pasado 17 de noviembre, fue capturada en el municipio de San Vicente de Chucurí, la ex Secretaria de Educación de Santander Ana de Dios Tarazona y el coordinador del PAE, Aníbal González.

La Fiscalía investiga las posibles irregularidades en el contrato para la operación del PAE en colegios oficiales de 83 municipios no certificados de Santander, el cual tuvo un costo de $23.845 millones y fue adjudicado a Surcolombiana de Inversiones, único oferente habilitado en la licitación.

En su momento el Comité de Transparencia por Santander había advertido que el pliego de condiciones exigido por la Secretaría de Educación en la licitación del Programa de Alimentación Escolar en Santander limitaba la libre participación de probables oferentes.

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