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Martes 22 de Agosto de 2017 - 11:27 AM

Consultas Populares, reflejo de una reclamación socialmente válida

Nuestra Constitución protege derechos tan diversos como el medio ambiente sano, la autonomía de los entes territoriales, la unidad de la República, la iniciativa privada y la libertad de empresa, por sólo citar algunos ejemplos.

Protecciones que, al ponerse en práctica, generan un fenómeno que la Corte Constitucional ha denominado tensiones entre los diferentes derechos, las cuales han sido resueltas por la mencionada Corporación con base en reglas de ponderación. 

Las consultas populares surgen dentro de este marco jurídico, como un mecanismo de participación ciudadana para que se decidan asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio. 

Las decisiones que se tomen a través de este mecanismo de participación tienen un carácter obligatorio , sin embargo, no pueden ser la excepción a los límites dados por la misma Constitución, en el sentido de que deben decidir asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio, significa esto, que incluso reconociendo que por mandato constitucional son los municipios los llamados a ordenar el territorio y que existe una co-titularidad entre el Estado central y los municipios en lo que al subsuelo se refiere, esta capacidad de los municipios no debería vaciar de competencia al gobierno central, pasando por alto principios también de rango constitucional, como la coordinación, la concurrencia y la subsidiariedad. 

Las consultas populares muestran una preocupación válida de las comunidades y surgen como un reflejo jurídico de una realidad y es que sin la voluntad de la comunidad no hay proyecto, sin embargo, las consultas populares no deberían ser el mecanismo utilizado con este fin, no por inconstitucionales o porque las decisiones del municipio carezcan de poder obligatorio y vinculante, sino porque con el mismo se exceden sus facultades, en la medida en que sus decisiones sobrepasan su ámbito de competencia exclusiva, su celebración implica inmensos costos y la intervención de organizaciones con intereses diferentes al desarrollo integral de los municipios en las que se llevarían a cabo actividades extractivas.

 

Angela María Salazar
Lloreda&Camacho

 

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