Sábado 17 de Marzo de 2018 - 12:01 AM

Primera ministra de Perú denunció un posible “golpe de Estado parlamentario”

La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mercedes Aráoz, denunció ayer que un sector opositor del Congreso pretende dar “un golpe de Estado parlamentario” con el pedido de vacancia contra el mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, debido a sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.
Tomada de Twitter/VANGUARDIA LIBERAL
Mercedes Aráoz, presidenta del Consejo de Ministros de Perú, denunció un golpe de estado parlamentario.
(Foto: Tomada de Twitter/VANGUARDIA LIBERAL )

“Hay una posibilidad de un golpe de Estado parlamentario. No es porque solo se quieran tumbar (destituir) al Presidente, sino el fiscal de la Nación, al Tribunal Constitucional, tomar todo el poder, inclusive nos limitan la capacidad de tener el voto de confianza”, expresó Aráoz a los periodistas.

En opinión de la también legisladora, los promotores de la vacancia “quieren tomar todo el poder desde el Parlamento”.

El pedido de destitución fue planteado por diversas bancadas opositoras en el Parlamento y ayer se acordó su debate con el apoyo de la fujimorista Fuerza Popular y las bancadas izquierdistas Nuevo Perú y Frente Amplio, además de Alianza para el Progreso, y los partidos Aprista y Acción Popular.

La primera ministra también declaró que “es inaceptable que hayan revelado información privada”, sobre las transferencias de dinero que hizo Kuczynski en los últimos años a su exabogado y actual legislador Gilbert Violeta y a su chofer personal. “Parece que tienen miedo de que algo vaya a pasar y que no ganen la vacancia”.

Informe financiero

De acuerdo con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pedro Pablo Kuczynski transfirió 89.182 dólares a Violeta y más de 600.000 dólares a su chofer José Luis Bernaola, entre 2005 y 2016.

La primera ministra, Mercedes Aráoz, afirmó que la comisión parlamentaria que investiga el escándalo Lava Jato en Perú, a la que se entregó ese informe de la UIF, está demostrando “sesgos, malas intenciones y uso de información reservada con fines políticos”.

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