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Sábado 16 de Septiembre de 2017 - 12:01 AM

Juristas internacionales evalúan si Venezuela debe ser llevada a la CPI

Con base en las declaraciones de representantes de la sociedad civil y los testimonios de militares venezolanos exiliados, los expertos de Argentina, Costa Rica y Canadá formularán sus recomendaciones a la Organización de Estados Americanos, OEA.
Archivo / VANGUARDIA LIBERAL
Juristas internacionales evalúan si Venezuela debe ser llevada a la CPI
(Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, nombró a tres juristas internacionales para que evalúen si hay base para llevar al Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Se trata del argentino Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y ex secretario ejecutivo de la CIDH; el costarricense Manuel Ventura Robles, ex juez de la CIDH, y el canadiense Irwin Cotler, presidente del Centro de Derechos Humanos ‘Raul Wallenberg’ y ex ministro de Justicia.

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El grupo tendrá la responsabilidad de revisar la información obtenida en las audiencias públicas de la OEA sobre los posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que comenzaron el pasado jueves con declaraciones de representantes de la sociedad civil y continuaron ayer con el testimonio de militares exiliados.

Se conoció además que a cargo de las audiencias está el ex fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado por Almagro el pasado julio como asesor especial para crímenes de lesa humanidad, labor por el que no recibirá retribución económica.

Fuentes de información

La información que analizará el panel de juristas será no solo la obtenida por Ocampo en las audiencias de la OEA, sino también la “enviada por más de 50 organizaciones no gubernamentales que están o han investigado las circunstancias de la crisis venezolana”, indica el organismo.

Finalmente se emitirá un informe de la Secretaría General, “que será revisado por el panel de expertos, quienes formularán sus recomendaciones” antes del 30 de octubre.

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Si concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, el trámite dependerá de Almagro o de alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya.

“Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio de 2000, y por tanto la CPI tiene jurisdicción sobre lo que allí ocurre”, ha insistido la OEA.

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