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Miércoles 22 de Noviembre de 2017 - 12:01 AM

El TSJ venezolano en el exilio denunció ante el CPI a Nicolás Maduro

Desde Miami, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio publicó una sentencia contra 59 funcionarios del gobierno venezolano.
EFE / VANGUARDIA LIBERAL
Pedro Troconis, presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio.
(Foto: EFE / VANGUARDIA LIBERAL )

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en el exilio pidió ayer a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue una denuncia por “violaciones sistemáticas” de los derechos humanos que involucra al presidente Nicolás Maduro, ministros, políticos y militares chavistas.

Rodeado de varios de los magistrados del TSJ “legítimo”, incluido su presidente, Miguel Ángel Martín, el presidente de la Sala de Casación Penal, Pedro Troconis, leyó en una conferencia de prensa en Miami la decisión de ese órgano sobre una denuncia interpuesta por el exministro chavista Hebert García Plaza.

Los hechos denunciados en algunos casos “se corresponden con crímenes de lesa humanidad”, señala la ponencia.

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La Sala de Casación Penal, formada, como el resto de las salas del TSJ en el exilio, por magistrados elegidos por la Asamblea Nacional de mayoría opositora surgida de las elecciones de 2015, decidió remitir la denuncia de García Plaza a la Fiscalía de la CPI dado que los fiscales del Estado venezolano están “subordinados” al ejecutivo que encabeza Nicolás Maduro, indicó Troconis.

Según explicó, lo que se le pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es que inicie “de oficio” una “investigación seria”, ya que eso no es posible en Venezuela.

La sala de Casación Penal también decidió pedir al Consejo de Seguridad de la ONU, como “uno de los órganos que tiene legitimidad para plantear denuncias ante la CPI”, que de seguimiento a la investigación que pueda hacer la Fiscalía del tribunal internacional, agregó.

Asimismo se pide al Consejo de Seguridad que considere reclamar a Interpol, la policía internacional, que emita “algún tipo de medidas o alertas” en relación con los involucrados en los hechos denunciados, que suman más de medio centenar.

“Maduro y los que lo siguen” se creían “protegidos” porque tienen “secuestrado” al poder judicial venezolano, pero se olvidaron de que Venezuela es parte desde el año 2000 del Estatuto de Roma y aceptó someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en delitos relativos a los derechos humanos, puntualizó Pedro Troconis.

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