Lunes 28 de Mayo de 2018 - 12:01 AM

Cardenal de Nicaragua llama a la población a diálogo familiar ante crisis

El cardenal Leopoldo Brenes llamó ayer a la población de Nicaragua a dialogar con vecinos y familiares, frente a la crisis que atraviesa el país, luego de que el diálogo nacional entre el Gobierno y representantes de la población fuera suspendido, por falta de acuerdo sobre la “democratización”.
Efe/VANGUARDIA LIBERAL
Nicaragua vive su crisis sin diálogo y sin visos de una solución que satisfaga a las partes a corto y medio plazo.
(Foto: Efe/VANGUARDIA LIBERAL )

“El diálogo no se da solamente en el auditorio del Seminario (sede de las pláticas), con 70 a 80 personas, no, el diálogo tiene que proyectarse más allá, entre los vecinos, entre las familias, entre las comunidades”, dijo el cardenal, en la homilía de ayer en la catedral de Managua.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que sirve de mediadora y testigo en el diálogo nacional, suspendió el mismo hasta que las partes se pongan de acuerdo en la agenda.

Por un lado el Gobierno ha velado que solamente está interesado en abordar temas económicos, por otro, la denominada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, insiste en que los responsables de al menos 76 asesinatos durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega sean enjuiciados, y que el mandatario abandone el poder.

La crisis

La violencia en Nicaragua ha cobrado al menos 76 muertes y dejó 868 heridos, en su mayoría jóvenes estudiantes que recibieron disparos certeros en la cabeza, cuello y torso, como producto de la “fuerza excesiva” utilizada por el Gobierno de Daniel Ortega, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La crisis inició el 18 de abril pasado, con protestas a favor y en contra de Ortega por medidas de seguridad social, que a pesar de su derogación, continuaron luego de la llamada “masacre estudiantil”, que se extendió al 22 de abril, cuando decenas de estudiantes que protestaban contra el Gobierno murieron al recibir disparos de la Policía Nacional y de “fuerzas parapoliciales”, según la CIDH.

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