Nicaragua
La OEA pide a Ortega elecciones anticipadas
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que pide al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que acepte la propuesta que le hizo la Iglesia Católica de adelantar a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021.
La iniciativa, impulsada por siete países (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y EE.UU.) y respaldada por México, “exhorta” al Ejecutivo nicaragüense a que “apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional”, según el texto.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo de este diálogo nacional, solicitó el 7 de junio a Ortega que adelantara los comicios al 31 de marzo de 2019; pero, el pasado 7 de julio, el mandatario rechazó esa solicitud, al considerar que ya habría “tiempo para las elecciones tal y como lo manda la ley”.
No obstante, la resolución fue aprobada con el voto a favor de 21 de los 34 países que son miembros activos de la OEA, mientras que Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas votaron en contra y se registraron siete abstenciones, y tres ausentes, entre ellos Bolivia.
Eran necesarios 18 votos para aprobar la resolución, instrumento que establece el criterio de legalidad del continente sobre la crisis en Nicaragua, que ha dejado más de 350 muertos en tres meses.
La resolución
En el texto, la OEA reitera su “enérgica condena y su grave preocupación” por los actos de violencia perpetrados por policías y paramilitares en Nicaragua y exige el “desmantelamiento de los grupos parapoliciales”, que actúan con el consentimiento del Ejecutivo, según grupos humanitarios.
La iniciativa no señala a Ortega por la violencia, pero urge a su Gobierno a que participe “activamente y de buena fe” en el diálogo nacional, mediado por la Iglesia Católica.
En la resolución, la OEA expresó su condena al “hostigamiento” a los obispos que participan en el diálogo, así como a los “actos de violencia” contra unas oficinas de Caritas que fueron incendiadas y contra la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, que se convirtió en centro de las protestas.
Las hostilidades se han incrementado en los últimos días con ataques como el de la UNAN y el ocurrido contra la ciudad de Masaya, lo que ha provocado la condena de países como Estados Unidos y organismos, como la Unión Europea (UE).
Respuesta Nicaragua
Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en la sede en Washington el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, leyó la propuesta de resolución en la que se urgía “a la comunidad internacional, específicamente a los países de América Latina y el Caribe, a respetar la autodeterminación del Estado de Nicaragua para restablecer la paz y la seguridad, sin injerencias de ningún tipo”.
La resolución fue rechazada con el voto de 20 de los 34 países.
El texto rechazado llamaba “golpistas” a los opositores y consideraba que estaban usando el diálogo nacional, mediado por la Iglesia católica, para “tratar de legitimar sus acciones criminales, acciones armadas contra la población civil y policías”.
Tensa calma
Nicaragua amaneció en una tensa calma tras la violenta toma de la ciudad de Masaya por parte del Gobierno, cuyas “fuerzas combinadas” buscan a los manifestantes que huyeron de la arremetida oficialista.
Los ciudadanos “autoconvocados”, que piden la salida del poder del presidente Daniel Ortega, denuncian que las “fuerzas combinadas”, fuertemente armadas e integradas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, recorren las calles de las principales ciudades del país.
Manifestantes “autoconvocados” de los llamados “pueblos blancos” denunciaron que las fuerzas oficialistas realizan una búsqueda casa por casa, sin orden judicial, de los jóvenes que huyeron de Masaya, que se había declarado “territorio libre del dictador” en junio pasado.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”.