Martes 14 de Agosto de 2018 - 12:01 AM

Cristina Fernández recusó a juez y denuncia persecución

La justicia Argentina investiga si la expresidenta Fernández formó parte de una red de sobornos a miembros de su Gobierno.
EFE/VANGUARDIA LIBERAL
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández está vinculado a una presunta red de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios de su Gobierno.
(Foto: EFE/VANGUARDIA LIBERAL)

La expresidenta argentina Cristina Fernández negó ante la Justicia haber recibido sobornos de empresarios durante su etapa como gobernante, recusó al juez y al fiscal y apuntó contra el actual Gobierno por la “persecución” que dice estar sufriendo y que cree busca su proscripción política.

“De ser necesario, habré de agotar todas las instancias judiciales internas, acudiendo además ante los órganos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos”, subraya la exmandataria en un escrito presentado en los tribunales.

Procesada ya en cinco causas, la mayoría por corrupción, Fernández volvió a los juzgados federales de Buenos Aires para declarar como imputada en un caso en el que se investiga una red de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios del kirchnerismo.

Aunque se negó a declarar, la actual senadora -que está aforada y no puede ser detenida- presentó un documento ante el juez Claudio Bonadio, en el que negó los cargos, y apuntó contra él por su supuesta connivencia con el actual Ejecutivo.

“Bonadio vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa”, subrayó irónicamente Fernández.

En su declaración

Según Cristina, desde que dejó la jefatura de Estado, en diciembre de 2015, le “armaron” seis causas penales, cinco de ellas “iniciadas e impulsadas por Bonadio”.

La expresidenta reiteró que es víctima de la “nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas” que “ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas”.

En su escrito, Fernández destaca que desde hace dos años está pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015 y recuerda que familiares de Macri fueron “emblemáticos integrantes” de la “patria contratista” surgida desde la última dictadura (1976-1983).

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