¿Y la educación rural?
Lamentablemente es un tema que poco importa. El campo queda demasiado lejos y nos hemos convencido de que este país es eminentemente urbano. La ruralidad queda lejos del mapa, de la política pública, del interés de Fecode, del corazón de los colombianos. A medio país no le importa que haya tres mil muertos menos por el conflicto armado o que haya disminuido el desplazamiento. No obstante, la mayoría tenemos sangre campesina porque nuestros ancestros vinieron de los campos buscando oportunidades. Nos avergüenzan nuestras raíces y poco nos importa la suerte del 30% de colombianos que habitan el 90% del territorio. Muchos de nuestros jóvenes rurales se enlistaron en el ejército, la guerrilla o en grupos ilegales porque no había oportunidades ni expectativas.
La educación rural requiere pensarse en el marco del desarrollo rural. Si bien es cierto que los procesos educativos deben responder a estándares generales que hagan competitivos a los estudiantes rurales para acceder a la educación superior y otras oportunidades en condiciones de igualdad, hay especificidades de los territorios que requieren enfoques particulares y énfasis propios. No sirve la misma receta para todos. De otro lado, la brecha entre los puntajes de los estudiantes rurales y los urbanos es enorme, lo que condena a niños y jóvenes campesinos a doblegar sus sueños, primero, por la pobreza y segundo, por los pobres resultados. Los maestros rurales requieren, además, tener vocación, incentivos, mejor formación y buen entrenamiento para asumir creativa y efectivamente sus funciones. Que no pase lo que dice un eminente profesor de la Pedagógica: “almas urbanas penando en el purgatorio rural”. En la reciente negociación del Paro del Magisterio, no hay mención alguna a la educación rural. Podría alegarse que las “conquistas” son para todos. Esto niega la necesidad de diferenciar los procesos. De otro lado, el gobierno desaprovechó una oportunidad inmejorable de establecer una buena política y un plan de incentivos para motivar a los buenos maestros a ir a la ruralidad y, especialmente, a las zonas más afectadas por el conflicto. El Decreto-Ley 882 expedido por las funciones especiales del Acuerdo de Paz solamente trató temas como la provisión de plazas y vinculación de maestros: más de lo mismo.
Cuando nos duela la ruralidad, habremos encontrado -de verdad- caminos para la paz.