Publicado por: Fundación Participar
Suele ocurrir que los temas que despiertan mayor sensibilidad en el alma colectiva se convierten, temporalmente, en el centro de gravedad del acontecer político, porque hay quienes se aprovechan de su coyuntura para apuntalar sus propios intereses: el presidente Santos decidió arriesgarse en la aventura de una negociación con la guerrilla,
asumiendo que su buen suceso es la mejor credencial reeleccionista; para el expresidente Uribe con el terrorismo no hay nada que negociar, y con ello lanza un poderoso torpedo a esa plataforma; Piedad Córdoba y su marcha patriótica promueven nuevos escenarios políticos para sus entrañables amigos de siempre; Petro se sirve de la ocasión y marcha del brazo del Presidente, para oxigenar su enrarecida y declinante administración; el Polo Democrático, en irónica coincidencia con el expresidente Uribe, tampoco marchó para no ofrecer un implícito respaldo de cuatro años más a un gobierno cuya orientación dista mucho de sus preferencias ideológicas.
Desde la perspectiva jurídica, los organismos de control también libran su pulso institucional: el Procurador, consecuente con su concepto sobre el Acto Legislativo que contiene el Marco Jurídico para la Paz, se abstuvo de participar en la marcha, porque esa regulación, a su juicio, consagra un régimen de impunidad, al establecer la opción de seleccionar los delitos que por su connotación de lesa humanidad deben ser investigados y juzgados, dejando al margen las demás conductas criminales, vulnerando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, con lo cual allana el camino a la intervención de la jurisdicción internacional. En contraste, para el Fiscal, en el derecho transicional es factible aplicar penas alternativas y, bajo ciertas condiciones, suspender su ejecución; por ello se vinculó a la marcha.
De ese escenario variopinto surge una pregunta: ¿la paz genera marchas, o solo es un pretexto para apalancar conveniencias extrañas a ella?
Trascendental la decisión que tome la Corte, porque marcará las directrices jurídicas que deben respetarse en la eventual negociación.
Bienvenida la controversia, si el tema de la paz no se banaliza con intereses secundarios; en el entendido de que en un proceso de paz existen unos mínimos jurídicos que no pueden cercenarse por el desbordado entusiasmo que sugieren las motivaciones políticas.
