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Mar Sep 19 2017
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Actualizado 01:55 pm
Sábado 15 de Julio de 2017 - 12:01 AM

Las consultas populares

Columnista: Fundación Participar

Nuestro ordenamiento jurídico consagra la consulta popular como una de las expresiones políticas de intervención ciudadana en escenario de la democracia participativa, cuyo fortalecimiento le imprimió identidad a la Constitución del 91.

El sensible tema de las explotaciones minero energéticas, al despertar en la conciencia colectiva la dimensión del daño ambiental que de allí podría derivarse, en términos de afectación de los bosques, contaminación y agotamiento de las fuentes hídricas y deterioro de los suelos, avivó el uso de la consulta popular en virtud de cuyo ejercicio, las comunidades de los municipios de Cumaral, Cabrera, Arbeláez, Cajamarca y Pijao-por ahora- le dijeron No a las explotaciones mineras o de hidrocarburos en sus territorios.

Lo relevante es que no estamos ante casos aislados, en la medida en que, según lo comentan los medios, se están gestando cuarenta convocatorias que, al parecer, apuntan en la misma dirección; está irrumpiendo un sentimiento que irradia buena parte del espectro nacional.

Ante la contundencia del No -respaldado por más del 90% de los respectivos sufragantes- la respuesta del Gobierno central y de quienes representan ese sector empresarial, es conceptualmente precaria, al señalar que el subsuelo pertenece a la Nación y que allí residen derechos adquiridos a favor de quienes explotan esos recursos, respaldados en concesiones mineras y licencias ambientales; sin embargo, lo que se controvierte no es el derecho de propiedad, sino el derecho preferencial a disfrutar de un medio ambiente sano y a participar en las decisiones que puedan afectarlo, tal como lo proclama el artículo 79 de la Constitución. Tampoco es de recibo el argumento sobre supuestos derechos adquiridos, pues conforme lo enseña la Corte Constitucional, concesiones y licencias son revocables cuando entren en conflicto con el interés público, que es lo que en efecto ha ocurrido. Impensable que se privilegie el beneficio económico que de esa actividad pudiere derivarse, sobre la supervivencia del entorno natural. Soslayar los efectos vinculantes de las consultas populares implicaría flagrante violación del ordenamiento superior.

Autor:
Fundación Participar
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