Miércoles 05 de Septiembre de 2018 - 12:01 AM

Autoridad ambiental

Columnista: Fundación Participar

El Consejo de Estado no le devolvió la autoridad ambiental a la CDMB, contrario al decir popular. Su análisis para efectos de declarar la nulidad, se limitó a la validez jurídica del Acuerdo Metropolitano N°016-2012, que había asignado la autoridad ambiental al Área Metropolitana, sin considerar otras razones jurídicas sobrevinientes, como la Ley 1625- 2015 y el Acuerdo Metropolitano 031 del mismo año, que actualmente son el sustento de esta competencia. Por eso afirmo que, jurídicamente no se le devolvió la autoridad ambiental a la CDMB, sólo declaró una nulidad del Acuerdo citado, cuya vigencia fue relevada por los mandatos de la nueva Ley de Áreas Metropolitanas, desarrollada por el Acuerdo Metropolitano 031-2015.

Por lo anterior, la discusión sobre el efecto del fallo del Consejo de Estado y la nulidad del Acuerdo 016-2012 resulta anodina, pues lo que estamos presenciando es un nuevo escenario jurídico en el que, conceptos encontrados asignan tanto al Área Metropolitana, como a la CDMB el derecho a orientar el destino del presupuesto ambiental urbano. Si se analiza desde la conveniencia pública, los textos de Vanguardia Liberal del lunes y las múltiples declaraciones del Comité Transparencia por Santander, revelan razones concordantes con la Ley 1625-2015, que respaldan dejar la autoridad ambiental en el Área Metropolitana y reconoce que las cifras del Censo de 1985 se encuentran desactualizadas.

Hoy nuestra autoridad ambiental está radicada por Ley, en el Área Metropolitana de Bucaramanga, así será hasta que haya un pronunciamiento judicial que diga lo contrario, descartando por esta misma razón la existencia de un fraude a Resolución Judicial.

Recordemos que el fallo del Consejo de Estado, con salvamentos de voto y sin razones sustentadas, se saltó el turno a petición de la Procuraduría y que la decisión acogió con extrema exégesis la aplicación del Censo de 1985, condenando a esta zona metropolitana a vivir una realidad de hace 35 años que, que gracias a la Ley 1625 de 2015, no va a tener efectos.

Autor:
Fundación Participar
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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