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Miércoles 26 de Octubre de 2011 - 12:01 AM

Reforma de la educación superior

Columnista: Fundación Participar

En medio del debate electoral, avanza en el Congreso la discusión sobre la reforma a la Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) presentada por el Gobierno.


El proyecto, hay que reconocerlo, fue socializado y discutido ampliamente durante seis meses, pero no ha logrado el consenso que permita un trámite fácil sino por el contrario, tiene paralizadas a las universidades públicas de todo el país, generando opiniones divergentes por parte de las autoridades educativas, profesores y estudiantes.


La propuesta refleja una clara intención del gobierno para ampliar la cobertura; las universidades públicas obtendrían mayores recursos y para acceder a financiación adicional deberán aumentar los cupos, mejorar la investigación y la calificación de sus docentes. Pero lo anterior no será suficiente para atender la demanda del país, por lo que se propone la creación de "universidades mixtas", que recibirán recursos públicos y podrán ser operadas por entidades privadas en las que los estudiantes tendrán acceso a créditos educativos para ser cancelados después de finalizar sus estudios; por otra parte, se mantiene la posibilidad de que los estudiantes de universidades privadas reciban créditos para financiar sus estudios.


Otro aspecto que se invoca en la propuesta es mejorar la calidad. Es probable que algunas universidades públicas, tradicionalmente responsables en el ejercicio de su autonomía, con recursos adicionales, mejoren su calidad; pero generalizar la autonomía universitaria a todas las instituciones de educación superior (técnicas, tecnológicas, universitarias) y brindar la posibilidad de que todas puedan ofrecer diferentes niveles de formación (técnica, tecnológica, profesional, especialización, maestrías y doctorados), probablemente llevarán a mayor pero más deteriorada oferta educativa. El sistema de acreditación de la educación superior tiene más de 15 años y menos del 10% de las instituciones de educación superior se encuentran acreditadas; la visibilidad de las instituciones colombianas es escasa o nula en el contexto mundial y muy baja a nivel de Latinoamérica.


El peor escenario para la educación superior, especialmente para las universidades públicas, sería que no se hiciera la reforma, por lo tanto el debate inteligente y la controversia son necesarios dentro de un marco general que nos permita fijarnos el objetivo común de resolver los problemas actuales de la educación superior, ampliar la cobertura y mejorar la calidad, reconociendo nuestra realidad y las necesidades que el país tiene en otros sectores prioritarios para su desarrollo.

Autor:
Fundación Participar
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