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Miércoles 09 de Noviembre de 2011 - 12:01 AM

Estafa a la justicia

Columnista: Fundación Participar

En el país de lo insólito faltaba agregarles a los falsos positivos los falsos negativos; es lo que se deduce de las revelaciones de la Fiscalía en torno a los dramáticos hechos de Mapiripán, en los que de los supuestos 49 muertos 39 resultaron ser imaginarios fantasmas.


De ese penoso episodio se infieren varias conclusiones:


1. Aquí hay una autoría intelectual muy especializada en el diseño y ejecución de esta clase de artimañas. Ni el menos avisado acepta el argumento inocente de que la señora Contreras -de extracción campesina, una de la supuestas afectadas- fuese la inspiradora del macabro plan para engañar al Estado, y, lo que es menos creíble, que hubiese aportado todos los elementos necesarios para lograr su consumación exitosa.


2. Queda en evidencia la precariedad de las investigaciones adelantadas, pues causa perplejidad el que se asuma con valor de certeza la versión de quien se dice perjudicada, sin verificar que efectivamente allí perdieron la vida las personas señaladas. Condenar sin esa prueba es ingresar en el mundo virtual del surrealismo jurídico.


3. Si por aquí llueve por allá no escampa, como dice la sabiduría popular; inadmisible la falta de rigor de los encumbrados juristas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con qué facilismo y ligereza se condena a un Estado sin exigir la prueba elemental sobre las presuntas muertes.


4. La orfandad del Estado colombiano es visible. No tiene dolientes, no hay quien lo defienda. La mediocridad de la asistencia jurídica que se le dispensó es proverbial, y contrasta con la habilidad y la astucia de quienes lo demandan sustentados en muertes inexistentes.


El tema no es de poca monta, no solo por las elevadas condenas que han recaído sobre el Estado, sino por la evidente fragilidad estructural del sistema que investiga y juzga los delitos, al punto de que Fiscal General planteó la necesidad de reescribir los procesos que se adelantaron con ocasión de las masacres acaecidas en los últimos tiempos. Es que no sabemos cuántos falsos negativos reposan en expedientes contaminados de mentiras y engaños. El Estado requiere que se le devuelva lo que injustificadamente pagó y la sociedad civil tiene derecho a que le cuenten la verdad. La investigación debe profundizarse para identificar y sancionar a los responsables de semejante audacia. Ojo con los abogados que simulan defender derechos humanos.

Autor:
Fundación Participar
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