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Sábado 03 de Marzo de 2012 - 12:01 AM

Contratitis pública

Columnista: Fundación Participar

Pública entre comillas; pues algunos entes estatales bautizan como “publicas” a ciertas entidades particulares, con el fin de eludir procesos licitatorios, hacer adjudicaciones directas o, como bien se dice, contratar “a dedo”, ya que usan y abusan de los cada vez más desacreditados contratos o convenios interadministrativos; claro que con la complicidad -o al menos beneplácito- del contratista que funge como “público”.


Según las normas legales, la ­­­­­­­­­­­­­a­djudicación directa en los contratos interadministrativos sí es viable, pero siempre que las obligaciones derivadas de los mismos  hagan relación directa con el objeto de la entidad contratista; aclaro sí, que la última precisión no obliga cuando el ejecutor sea un ente de educación superior. Y ¿para qué estos contratos? Su justificación es fácil de ilustrar con el caso de una entidad pública (un municipio o la “estatal petrolera”) que necesita diseñar una vía, y aunque podría contratar los estudios y diseños con una de las tantas firmas de consultores cuya profesión los habilita para ello, resuelve escoger como contratista a otra entidad pública.  


Para ir al grano, esta polémica gira alrededor de las universidades y las cámaras de comercio, que se sienten muy cómodas desempeñando el papel de contratistas públicos. En el caso de las primeras, al menos no tienen la exigencia legal de que haya relación directa entre su objeto social y el rol de contratista oficial. ¿Qué supone ganar el contratante y qué la universidad? El primero se “ahorra” la licitación y cree obtener un precio muy favorable, pero olvida que “lo barato sale caro”. La universidad cree ganar “mucho dinero” puesto que utiliza estudiantes, mas esto no la exime de tener que pagar experimentados profesionales externos.   Y no evalúa cuánto cuesta raparles el trabajo a sus propios egresados,  ni cuánto las adiciones cuando lo terminado no es recibido a satisfacción; y menos aun cuánto le cuesta el desprestigio.


Respecto a las cámaras: ¿Algunas modificaron su objeto social?  Ellas tienen una Revisoría Fiscal, cuyas funciones permitirían controlar que no se aparten de los objetivos para las que fueron creadas y el gobierno tiene asientos en sus juntas directivas, sin que esos miembros estatales hayan publicado su opinión sobre los convenios administrativos celebrados. ¿A quienes benefician? No a la generalidad de los profesionales liberales con los que compiten deslealmente; no a quienes suministran al Estado bienes y servicios (pyme y afiliados a la Andi, Fenalco, Acopi, etc). No puede ser a la nación, departamentos o municipios; ni a la comunidad.  Conclusión: Las entidades públicas que contratan a las cámaras de comercio, son enemigas de abrir la competencia, de la pluralidad de oferentes, de los abanicos de propuestas. ¿Por qué?

Autor:
Fundación Participar
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