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Miércoles 14 de Marzo de 2012 - 12:01 AM

Justicia y política

Columnista: Fundación Participar

El régimen de separación de poderes constituye la piedra angular del estado de derecho, lo cual implica para la rama judicial la imposibilidad de estar al servicio de un gobierno, pero tampoco comportarse como un movimiento de oposición porque allí se desvirtúa su razón de ser y se anula su nobilísima misión.


Es comprensible el malestar de la Corte Suprema ante las interceptaciones telefónicas orquestadas desde la agencia de inteligencia del Estado, pero la respuesta de aquella ha debido ser judicial y no política: formular las denuncias, esperar la verdad y las sanciones de rigor.


Si bien los jueces son seres de carne y hueso proclives a las pasiones humanas, su investidura los obliga a no perder su perspectiva como administradores de justicia; su función es declarar el derecho mas no ejercer control político, ese rol le corresponde al Congreso.


Vimos  una Corte que se despojó de la toga y se puso la camiseta de aguerridos luchadores políticos, lo cual quedó patentado a propósito de las fallidas elecciones del Fiscal durante el anterior gobierno, amparada en las reglas de su reglamento, criterios que fueron flexibilizados al asumir la elección de la doctora Viviane Morales, ternada por el nuevo gobierno, pues con el mismo número de votos con los que no se pudo elegir en el pasado, sí fue factible la referida elección.


Aquí salió muy mal librado el principio de la igualdad de trato y, por supuesto, el de legalidad, porque en la elección se soslayó el reglamento, que era inquebrantable, ya que no había sido previa y expresamente modificado, no cabía el argumento de las variaciones implícitas.


La Corte perdió el rumbo, no obró con sujeción a derecho, se rindió ante las tentaciones de la pasión política, y ésta es la peor consejera del juez. Por fortuna el Consejo de  Estado no antepuso el espíritu de cuerpo con sus colegas de la alta Corte a los intereses superiores del Estado y preservó la intangibilidad del ordenamiento jurídico.


Lamentable desenlace porque la doctora Morales cumplió cabalmente con sus obligaciones funcionales y, pese a las dificultades que tuvo que sortear por cuenta de su compañero sentimental, el balance de su gestión debe ser reconocido por su atildada probidad. Pero lo más importante de este episodio, que deja muchas enseñanzas, es que, no obstante las imperfecciones del sistema judicial, existen eficaces mecanismos de control de legalidad.  

Autor:
Fundación Participar
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