Publicado por: Gustavo Galvis Arenas
Uno de los problemas grandes de nuestro país es la corrupción en el sector público. Muchas cuartillas se han escrito en los periódicos, los medios de comunicación se quejan de este flagelo y la justicia busca la manera de frenar estos atentados contra el erario. Vemos cómo los gobernadores de Casanare, terminan procesados por el manejo irregular del presupuesto, los de Arauca siempre están en dificultad y muchos alcaldes son líderes de la corrupción. Tenemos el ejemplo notable del alcalde de Cartagena, que ha cometido tantas irregularidades y que después de terminar su incapacidad por enfermedad, estará al borde de pasar una temporada en la cárcel.
Nuestro país ha tenido siempre como reserva moral al sector privado. Siempre se ha creído que los manejos de los empresarios son mucho más claros y transparentes. Pero últimamente hemos tenido una gran decepción al ver que hay amplios sectores del llamado sector privado enredados en conductas reprochables. El caso más notable es el de Interbolsa. Ejecutivos muy importantes del país, ejemplo para quienes manejan cuestiones económicas, han terminado cometiendo actos de corrupción que los tienen al borde de la cárcel. Ya no son ejemplo de transparencia.
Creemos que es importante en la actualidad que exista una coherencia entre el sector público y el sector privado. No podemos culpar a uno de indelicadezas, mientras el otro hace manejos financieros que perjudican gravemente la economía del país. Es necesario entonces que los controles que tiene el estado actúen de manera rápida, con el fin de evitar estas situaciones escandalosas. Porque no es posible que en un país ambos sectores el público y el privado, manejen la economía como si fuera una casa de empeños.
Y lo grave es que en lugar de controlarse entre en sí, para cometer delitos encuentran un común denominador. Ya vimos cómo el fenómeno de los paramilitares estaba patrocinado por el sector público y el sector privado. Y el ejemplo más claro es el del llamado “carrusel de la contratación en Bogotá”, porque allí los contratistas y el alcalde hicieron causa común para defraudar el erario distrital. Y ahora, se acusan unos a otros sin ruborizarse.
