Viernes 25 de Abril de 2014
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Hernando Gomez Buendia
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País de leyes: los jueces y auxiliares de justicia sencillamente exigen que se cumpla una Ley que el Congreso expidió hace 20 años y que ordenó al gobierno “revisar el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

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“Soy la persona más discriminada de Colombia”, dijo el Procurador Ordóñez. En un país machista, racista, clasista, homofóbico y violento, la frase resultó ser bastante exagerada. Pero todos entendimos a qué se refería: a las críticas que llueven sobre él por ser católico y no creer en el aborto, la eutanasia, el matrimonio gay y otras prácticas que contradicen su conciencia.

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Hace unos años éramos un país cafetero. Hablando en cifras gruesas, el café producía el 60-70% de las divisas y daba empleo a 2,5 millones de familias. Los cafeteros presionaban por un dólar artificialmente caro y esto, al encarecer las importaciones, permitía el crecimiento de la industria.

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Dice el artículo 330, numeral 7,  de la Constitución, que las autoridades indígenas deben “colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional”. Desde este punto de vista es evidente que los cabildos del Cauca no podían desalojar al ejército contra la expresa voluntad presidencial.

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En el papel, la idea es impecable: nadie firma un acuerdo de paz para irse preso, y por eso debería permitirse que el Estado prometa no castigar a quienes opten por dejar las armas. Este es el sentido de la “justicia transicional” y del proyecto de Acto Legislativo que está a punto de aprobar el Congreso.

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El “Estado Mayor” de las Farc lleva 48 años de escribir comunicados farragosos que nadie lee porque no dicen nada nuevo. Pero en la declaración del pasado 26 de febrero hay mensajes importantes, que no debieron pasar desapercibidos. Me refiero a cinco cambios de posición en lo que va corrido desde que se rompieron los diálogos del Cagúan:  

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La prensa apenas mencionó la fecha como un recuerdo que es mejor no tener: el 21de febrero de 2002, Andrés Pastrana abolió la zona de distensión y puso fin a 39 meses de diálogos inútiles. A la generosidad y a la buena fe de un Presidente y de un país entero, las Farc habían respondido con engaños y secuestros.

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Ante la lluvia de propuestas de "personajes nacionales e internacionales que mandan razones, que quieren crear un grupo, que quieren intervenir" en un nuevo proceso de paz para Colombia, esta semana dijo el Presidente que "a estas alturas, lo mejor es que no se metan, que esperen a que si el día de mañana se presentan las circunstancias, pues ya veremos cómo procedemos".

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El argumento parece inobjetable: la guerra contra las drogas es un fracaso y ha traído  más daños que beneficios.

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Las palabras del presidente Santos sobre la legalización de la droga no tuvieron mucho eco ni provocaron muchas reacciones. No lo hicieron porque Colombia ni va a tomar ninguna iniciativa ni cambiará para nada sus acciones al respecto.

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