Domingo 23 de Noviembre de 2014
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Instituto De Victimología Usta
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Se cumplen en Colombia siete años del denominado proceso de “justicia y paz”, producto de la implementación de la ley que lleva el mismo nombre. Siete años de grandes expectativas, frustraciones y decepciones, si se tiene en cuenta que el principal propósito de dicho proceso fue la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley en la búsqueda de la paz nacional.

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Que una mujer fue asesinada por su esposo, que otra fue golpeada brutalmente por su compañero permanente, que a otra le arrojaron ácido en su cara, que un marido borracho abusó sexualmente de su cónyuge. Estas y otras formas de violencia contra la mujer están sucediendo a diario en nuestro medio y es preocupante que en lugar de disminuir, los hechos de esta naturaleza van en constante aumento.

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Resulta innegable la preocupación del Estado y la ciudadanía por el alarmante índice de muertes y lesiones ocurridas en accidentes de tránsito con conductores al volante en estado de embriaguez. En lo corrido del año se registran 67 muertes en el área metropolitana y 250 en todo el país, y el número de heridos supera cualquier cálculo.

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Señores Motociclistas: ustedes son afortunados. Como conductores de motocicleta cuentan con un medio de transporte que tiene muchas ventajas.

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Acaba de entrar en vigencia una norma que prohíbe el desistimiento en los delitos de inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar. Se trata de la Ley 1542 de 2012, por medio de la cual esos delitos tendrán que ser investigados oficiosamente, o sea, hasta el final y las últimas consecuencias.

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La justicia puede reformarse sin necesidad de una reforma constitucional, señaló el exministro Fernando Carrillo en entrevista reciente. Y tiene toda la razón, por cuanto el problema de la justicia no es el juzgamiento penal de los congresistas o el procedimiento de pérdida de investidura, ni elevar a condición de aforado al secretario del Senado. ¡No!

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En materia de escándalos, mucho ha sucedido en el Congreso.

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Quien sea señalado ante la Fiscalía de haber cometido un delito tiene derecho a defenderse de la sindicación obrante en su contra. Esta facultad es conocida jurídicamente como el derecho de defensa tanto material como técnica.

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La idea democrática de los procesos penales es su publicidad, en cuanto acerca a los ciudadanos a su administración de justicia y ofrece garantías de transparencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales.

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Profunda preocupación y hondo impacto ha causado en la sociedad colombiana el caso del exdiputado vallecaucano Sigifredo López, no sólo por haber pasado de la condición de víctima a la de victimario, sino porque las pruebas que presuntamente lo incriminan, no parecen tener la contundencia suficiente para imputarle el crimen y asegurarlo con la medida de detención.

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