Para que el Estado colombiano logre cumplir con los fines esenciales consagrados en la Constitución, entre los que se destacan promover la prosperidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes allí previstos; facilitar la participación de todos en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación y asegurar la convivencia pacífica junto a la vigencia de un orden justo, es decir, para que la vida en sociedad sea armónica y se respete lo que le corresponde a cada uno, nuestro país cuenta con entidades como la Contraloría, que vigila lo concerniente al adecuado manejo de los recursos públicos; la Procuraduría, con la tarea, entre otras, de ejercer vigilancia de la conducta en el cargo de quienes desempeñan funciones públicas; y la Fiscalía, que se encarga de investigar, acusar y solicitar las sanciones penales pertinentes cuando cualquiera comete un delito.
En efecto, existen entidades encargadas de vigilar, controlar, fiscalizar y judicializar sin que sea poco su oficio, pues a diario nos enteramos por el fundamental papel que en bien de la sociedad cumplen los medios de comunicación, que la adjudicación de un contrato fue amañada, que la asignación de un contrato estuvo motivada por la exigencia o el ofrecimiento de coimas, que el elegido para hacer una obra no es idóneo, que se desembolsaron recursos del Estado y las obras no se hicieron, que las obras se dejaron a medias, que las obras no sirvieron o no eran necesarias, que existen sobrecostos, que se violaron las normas de la contratación, que el interés personal se antepone al interés general; en fin, de aberrantes y descarados, por decir lo menos, actos de corrupción en detrimento de los recursos destinados para el beneficio de todos.
Siendo constantes los presuntos hechos de corrupción pública que son denunciados, sin que desafortunadamente se logre saber de todas las irregularidades en las que al parecer los funcionarios estatales del orden nacional, departamental y municipal incurren en contubernio con particulares, los Colombianos de bien siempre esperamos prontas y efectivas acciones de los Organismos de control fiscal, disciplinario y penal; a quienes hoy muchos preguntan por lo que están haciendo para contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, a quienes se cuestiona por el cumplimiento de sus funciones, a quienes se les ha preguntado, se les pregunta y se les preguntará qué han hecho pues parece ser que aquí pasa de todo y nada pasa.

