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Viernes 24 de Febrero de 2012 - 05:23 PM

¿Privatización de la justicia penal?

Columnista: Instituto De Victimología Usta

En el contexto de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal acusatorio, Colombia ha venido ajustando su normatividad a los estándares internacionales, de la mano de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ampliando sus garantías y sus posibilidades de intervención al interior de la actuación penal, hoy por hoy las víctimas hasta pueden solicitar la imposición de medida de aseguramiento en contra del sindicado.

Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación se reconocen en postulados constitucionales, en previsiones legales y en una copiosa jurisprudencia. Y ahora, ensanchando su participación en el proceso penal, se produce una reforma constitucional a partir de la cual el ejercicio de la acción penal no depende de la actuación de la Fiscalía, sino de la propia víctima del delito. Es decir, que la acción pública de la Fiscalía traslada sus efectos a la acción privada de la víctima, generando una especie de privatización de la justicia criminal. El Acto Legislativo 06 de 2011 contempla esa novedosa reforma a la Carta Política, sin conocerse aún su procedimiento y operatividad.

El Congreso de la República será el encargado de dar vida legislativa a la reforma, pero desde ahora se suscitan muchas inquietudes en su implementación. El proceso penal de partes entre la Fiscalía y el acusado parece convertirse en un proceso de contienda entre víctima y sindicado, con graves incidencias para los actos de investigación, la recolección de evidencias y la toma de decisiones judiciales. Aunque se entiende que no en todos los delitos operará la acción privada de la víctima, aún no se comprende cuáles serán las reglas del proceso promovido por los perjudicados con el ilícito.

Difícil tarea le espera al legislativo nacional, pues tendrá que crear un nuevo proceso penal sin Fiscalía para aquellos delitos de menor entidad o de exclusiva afectación privada, debiendo propender por la protección de los derechos de las víctimas pero sin desconocer las garantías constitucionales del acusado y sin desquiciar la estructura del proceso acusatorio. El legislador tendrá que ser cuidadoso y ponderado, para que no se desconozca el derecho de defensa y para no convertir el proceso en un escenario de venganza. Nada más delicado que legislar mirando sola una de las partes del conflicto, pues aunque los derechos de las víctimas son aceptados y reconocidos en las legislaciones democráticas, su excesiva protección no puede ignorar el cumplimiento del mandato constitucional del debido proceso penal. Igualdad y equilibrio, por favor, para acusados y para víctimas.

Autor:
Instituto De Victimología Usta
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